A poco más de un mes para que culminen las funciones del gobierno de Gustavo Petro, el panorama fiscal en Colombia se vislumbra complicado para la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Según un reciente informe de Anif, el nuevo equipo económico deberá establecer amplios consensos entre diversas instancias económicas para implementar ajustes necesarios que saneen las finanzas públicas del país.
Entre enero y mayo de 2026, los recursos comprometidos del Presupuesto General de la Nación se incrementaron en un 18.1% en términos nominales. Si esta tendencia persiste, Anif advierte que el déficit primario podría ascender a más del 4% del PIB, una situación que obligaría al nuevo gobierno a gravar los costos en vez de implementarlos como parte de sus medidas fiscales.
Para cumplir con los parámetros permitidos bajo la cláusula de escape de la regla fiscal, que admite un déficit primario máximo de 2.1% del PIB, sería necesario un rezago de al menos 63 billones de pesos colombianos, trasladando así un complejo reto a la próxima administración. Esta acumulación de factores adversos, además de la deuda, suma al cuadro un desafío significativo: el pago de intereses podría escalar hasta 4.2% del PIB, lo que llevaría el déficit fiscal a un alarmante 7.2% del PIB.
El informe subraya que, a pesar de que el gobierno propone un ajuste mediante una reforma tributaria de 30.2 billones de pesos, la verdadera necesidad recae sobre reducir el gasto público. De hecho, el 81% de los rubros actuales son transferencias legales que limitan la flexibilidad fiscal, dejando así un margen pequeño para recortes, pero aún existente. Es imperativo que el nuevo gobierno inicie la implementación de medidas fiscales este mismo año para retomar la regla fiscal y restablecer la credibilidad necesaria para recuperar el grado de inversión.
La magnitud del ajuste fiscal que se proyecta es de 53 billones de pesos, lo que representa un 3% del PIB. Para alcanzar este objetivo, será esencial una combinación de austeridad, reestructuración del gasto y políticas que reactiven la inversión y la productividad. Anif propone, entre otras cosas, recortar la nómina pública, revisar bonificaciones y eliminar duplicidades en inversiones que actualmente no se ejecutan eficientemente.
Los retos no solo se limitan a las finanzas; el próximo gobierno enfrentará un entorno económico que, aunque muestra signos de crecimiento —un aumento del 2.2% en el primer trimestre, impulsado por sectores como la administración pública y el comercio—, también enfrenta problemas en áreas como la construcción y el agro, los cuales evidencian una dinámica menor.
Uno de los desafíos más apremiantes será controlar la inflación, que alcanzó un 5.68% anual en abril de 2026, con proyecciones que indican un cierre del año en un 6.45%, lejos de las metas establecidas por el Banco de la República. Para contener estas presiones inflacionarias, el Emisor ha optado por aumentar su tasa de interés del 9.25% al 11.25%, en un intento por moderar el consumo y restaurar la confianza en la economía. A su vez, el nuevo mandatario deberá enfrentar el reto de mejorar la relación entre el Ejecutivo y la entidad bancaria central, especialmente después de los conflictos que marcaron años recientes.
Con un déficit fiscal que alcanzó el 6.4% del PIB al cierre de 2025 y una deuda externa superior al 50% del PIB, el siguiente gobierno está bajo presión para revisar el gasto público y potenciar la eficiencia estatal con el fin de recuperar el equilibrio en las finanzas públicas. El camino por delante es sin duda complicado.
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