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En América Latina y el Caribe se viene cocinando desde hace un tiempo una mezcla de factores tecnológicos, económicos, sociales y políticos que hacen de la región un lugar con las condiciones correctas para convertirse en un referente mundial de la transición energética justa. La iniciativa Relac (Renovables in Latin America and the Caribbean), con 15 países firmantes, estableció que para 2030 el 70% del consumo de energía eléctrica en la región vendrá de energías renovables. Una meta que es alcanzable.
Comencemos por las evidencias tangibles. Según el Banco Mundial (2020), alrededor del 20% de la población mundial vive en 70 países con excelentes condiciones para la energía fotovoltaica, donde los promedios diarios superan los 4,5 kilovatio hora/kilovatio pico (kWh/kWp, las medidas de rendimiento y producción), suficientes para hervir unos 25 litros de agua. Los países de Latinoamérica que entran en esta categoría son Chile, Perú, México y Argentina. Sin embargo, el resto de Latinoamérica no se queda atrás, pues se encuentran en la franja de 3,5 – 4,5 kWh/kWp. En cuanto al potencial de energía eólica, Chile y Colombia llevan la delantera.
Esta riqueza de recursos se ha traducido en un ritmo de inversión acelerado en los últimos años en la región. En 2019, Brasil, México y Chile formaron parte de los 20 países del mundo con mayor inversión en capacidad de energías renovables. Más recientemente, la capacidad instalada de energía renovable en América Latina y el Caribe sumaba a finales de 2021, 291.770 megavatios (MW), lo que representó una subida del 6% con respecto a 2020. La mayor capacidad instalada en 2021 se produjo en América del Sur con 244.975 MW, representando el 84% de la capacidad instalada total en la región. En los últimos diez años, los países con mayor crecimiento en el parque de generación a partir de energía renovable son Chile con 111%, Uruguay con 101%, México con 99% y Brasil con 66%.
Todo esto ha venido acompañado de avances en la regulación y hojas de ruta de distintos tipos de energías, como de energía eólica marina en Colombia y su reciente incorporación a la Alianza mundial de energía eólica marina, por ahora siendo el único país de la región que hace parte de esta Alianza. Adicionalmente, la capacidad instalada actual y la futura de energías renovables hacen de América Latina una zona con alto potencial para la generación de hidrógeno verde. Este puede ser utilizado como energético en el sector industrial, uno de los más difíciles de electrificar, así como en el transporte y en la energización y calefacción de edificios. Varios países, como Chile, Uruguay, Paraguay, y Colombia, ya han publicado sus hojas de ruta en hidrógeno verde.
Estas inversiones pueden ayudar a la región a impulsar la descarbonización progresiva y responsable de su economía y avanzar en ambas transiciones al tiempo: la energética y la económica. En este sentido, la transición energética justa es una oportunidad para alinear los flujos financieros con el Acuerdo de París – el tratado climático más importante a nivel internacional- incluyendo el tratamiento de los subsidios, las reformas fiscales, la promoción del ahorro y las inversiones en energías limpias. Adicionalmente, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, si el mundo logra limitar el aumento de la temperatura global a 2°C para finales de siglo, podría dar lugar a 15 millones más de empleos netos en América Latina y el Caribe para 2030, gracias a los cambios productivos de alimentos y de energía.
Sin embargo, los ritmos a los que avanzan los países serán diferentes, pues para aquellos que no dependan económicamente de la extracción de combustibles fósiles será más sencillo el proceso, como es el caso para El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay. En este sentido, la transición energética justa se presenta como una oportunidad.
Y aunque pueda ser sencillo, no quiere decir que deba hacerse a toda costa, pues no podemos repetir errores del pasado. De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, que mapea más de 3.300 casos de conflictos socioambientales a nivel global, más de la mitad de estos están relacionados con el desarrollo de infraestructura del sector energético, así como con la extracción de minerales e hidrocarburos. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en varios países latinoamericanos, el acceso a procesos de participación y a la información clara, verídica y oportuna puede dar más garantías en el desarrollo de proyectos de transición energética. Esto ayudará a evidenciar la alineación de los gobiernos y el sector privado con las políticas ambientales que, entre otros beneficios, les permiten acceder a nuevos créditos.
Asimismo, varios países de la región como Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, Colombia, Surinam y Chile ya han incluido conceptos de transición energética justa en sus compromisos climáticos internacionales, lo que abre el potencial para robustecer los marcos de política a nivel sectorial. Para acelerar la inversión en la transición tecnológica, se debe continuar trabajando en políticas y marcos regulatorios sólidos, en particular, regulaciones relativas a sistemas de almacenamiento de energía y confiabilidad de la red, políticas y estándares de eficiencia energética, demanda focalizada de hidrógeno verde en los planes de expansión energética, cambio de comportamiento dirigido a impactos a largo plazo, entre otros.
Según el Índice de Transición Energética (ETI), América Latina y el Caribe se desempeñan mejor que el promedio mundial en rendimiento del sistema energético, sostenibilidad ambiental y capital e inversión, entre otros aspectos y, en consecuencia, es considerablemente mejor en la infraestructura energética, pero estas inversiones deben distribuirse en la región para disminuir la disparidad en el desarrollo de energías renovables entre varios países.
Todavía hay 17 millones de personas que carecen de acceso a la electricidad en la región, principalmente en los países centroamericanos, donde se espera que la demanda de energía siga creciendo en las próximas décadas. Esto es una oportunidad para que los actores de la cadena de valor de las energías limpias concentren los esfuerzos, recursos e ideas innovadoras en transformar nuestra matriz energética a una más limpia y de manera justa. La transición no puede limitarse solamente a una tecnológica, y debe incidir en la forma en la que se produce y consumimos la energía hoy día buscando el equilibrio entre los recursos naturales y la sociedad.
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