Poco más del 7% de los mexicanos participó este domingo en la consulta popular promovida por el Gobierno para enjuiciar a los presidentes que precedieron a Andrés Manuel López Obrador en el cargo. La escasa participación ha constatado la nula necesidad que había de iniciar un proceso que no ha hecho más que agudizar el enfrentamiento con un organismo autónomo como el instituto electoral y el debilitamiento de la consulta popular como procedimiento en una democracia.
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Todo se ha hecho mal desde el principio. En cuanto llegó al poder, López Obrador ya anunció que consultaría al pueblo de México sobre si se debía juzgar a sus antecesores —Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— por algún delito que se hubiese conocido. El mero hecho de plantearlo desde el Ejecutivo propiciaba un golpe a la división de poderes y cuestionaba un Estado de derecho ya de por sí debilitado por años de corrupción e incompetencia. Lo que resultaba además paradójico es que el presidente aseguraba que él no era partidario de iniciar juicio alguno contra ninguno de los expresidentes porque no tenía afán de venganza, lo cual ponía en entredicho su vara de medir a propósito de quienes pueden haber cometido algún tipo de delito, algo en lo que México tiene un triste historial.
La raquítica participación ha hecho que el resultado de la votación, una abrumadora victoria del sí por más del 90%, quede en nada, ya que para ser vinculante la ley exige que acuda a las urnas el 40% de la lista de electores, 37 millones de mexicanos, algo que se sabía era quimérico. Como también era de esperar, viendo los ataques que realizó durante todo este proceso, y en otros tantos, el presidente mexicano ha culpado al Instituto Nacional Electoral (INE) de no hacer los esfuerzos suficientes para lograr una mayor participación ciudadana —a pesar de que esta institución alertó de que no había presupuesto—.
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El presidente ha ido más allá y ha acusado al organismo autónomo de no tener entusiasmo por la democracia. “Fingen ser demócratas”, ha asegurado López Obrador, que no participó, de hecho, en la consulta argumentando unas fallas que el propio INE desmintió. El presidente de México, como todo su círculo más próximo e importantes dirigentes de su partido, Morena, ya hace mucho tiempo que han iniciado una cruzada contra el instituto electoral, un organismo que ha demostrado desde su creación que se ha convertido en uno de los pilares de la frágil institucionalidad mexicana. Lo que sí puede ser lesivo para una democracia es atacarlo y querer eliminarlo.
