Después de una larga espera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decidido que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó indebidamente los programas sociales y coaccionó el voto en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021.
La sala superior del TEPJF señaló que la publicidad gubernamental durante el periodo electoral fue utilizada como propaganda a favor de Morena, lo cual es una violación al principio de neutralidad que debe regir durante las campañas políticas. Además, los jueces resaltaron que hubo conductas que condicionaron el otorgamiento de programas sociales y beneficios a la ciudadanía a cambio del voto a favor de la coalición Juntos Hacemos Historia.
El fallo del Tribunal, aunque no implica ninguna sanción, sí tiene un peso simbólico para la imagen de López Obrador y su partido, ya que se confirma las acusaciones que desde hace tiempo venían haciendo diversos sectores de la sociedad civil y la oposición política. En este sentido, el fallo del TEPJF puede ser utilizado para cuestionar la legitimidad del presidente y la coalición gobernante.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que un presidente de México es señalado por la utilización ilegal de los programas sociales para fines políticos. Durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, también se registraron diversas denuncias y hechos de este tipo.
La decisión del TEPJF es un recordatorio de que, en una democracia, la imparcialidad y la neutralidad del Estado durante las elecciones son fundamentales para garantizar que la voluntad popular sea respetada. La utilización de los programas sociales y otras medidas para coaccionar el voto viola las reglas de juego y debilita la confianza ciudadana en el proceso electoral.
En conclusión, esta decisión del Tribunal Electoral refleja la importancia de la independencia judicial en la protección de la democracia y el estado de derecho en México. En un momento en que la polarización política y la desconfianza en las instituciones son un problema creciente, este fallo puede ayudar a reconstruir la credibilidad de la democracia mexicana y abrir un nuevo capítulo de transparencia y equidad electoral.
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