Andrés Manuel López Obrador propuso hace cuatro meses al gobernador saliente del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como nuevo embajador en España. La elección sorprendió a la oposición con el pie cambiado por tratarse de un veterano dirigente del PRI, pero el presidente mexicano aseguró que tenía el perfil adecuado para solucionar los “malos entendidos” con Madrid. El político dejó el cargo en octubre y el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha dado su plácet para formalizar el nombramiento. Lo está tramitando, según confirman fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, aunque la dilación del trámite ha contribuido a disparar las especulaciones.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México las ve como un intento de intoxicación y resta importancia a la demora. Desde el gabinete del canciller Marcelo Ebrard aseguran que “no existe ninguna indicación, verbal o escrita, formal o informal, ningún mensaje ni ninguna señal de que no se vaya a otorgar el beneplácito al embajador”. “Las señales no son negativas”, concluyen. El Gobierno de López Obrador confía en que Ordaz Coppel pueda entregar pronto sus credenciales a Felipe VI y, mientras tanto, sigue a la espera.
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El presidente ya ha encomendado al futuro diplomático “restablecer a plenitud las relaciones” con España después de las tensiones que han marcado su mandato por exigir disculpas por la conquista. Esas tiranteces se iniciaron en 2019 y continuaron hasta el pasado mes de septiembre, coincidiendo con las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y en medio de varios exabruptos de dirigentes opositores de la ultraderecha y del Partido Popular. No obstante, la ausencia de altos cargos del Ejecutivo de Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue una muestra clara de la frialdad entre las dos Administraciones. La rutina de cooperación bilateral, pese a todo, nunca se ha visto afectada por esas fricciones, ni en el diálogo institucional y menos la coordinación consular y administrativa.
La actitud de López Obrador, además, ha oscilado entre mensajes de reconciliación, por un lado, e indirectas o señalamientos, por el otro. El mandatario recuerda con frecuencia que el Rey no contestó a sus requerimientos de perdón, formulados por carta, y ha utilizado los desmanes de la conquista para enrarecer el clima y acusar incluso de “soberbia” a las autoridades. Desde Madrid el Gobierno siempre ha evitado alimentar las polémicas, pero no envió a ningún representante a los actos conmemorativos de la independencia, a los que a principios de año había sido invitada la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
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