La situación de Alonso Ancira, el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), ha vuelto a acaparar la atención mediática tras el reciente anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR). Ancira mantiene un adeudo de 112 millones 497,990 dólares, según el acuerdo reparatorio establecido tras la controvertida compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este acuerdo, concebido para compensar los daños económicos derivados de la transacción, se ha vuelto un punto focal de conflicto tras el incumplimiento por parte del empresario de un pago crucial programado para noviembre de 2023.
La controversia se agudiza al recordar que Pemex adquirió Agronitrogenados por 275 millones de dólares, a pesar de que una valoración oficial estimaba su valor real en aproximadamente 58 millones de dólares. Este desmarque generó un sobreprecio significativo de 216 millones de dólares, lo que originó el acuerdo reparatorio como un intento de restablecer la equidad financiera. Este compromiso, autorizado por el Consejo de Administración de Pemex en februario de 2021 y posteriormente validado por un juez federal, suponía que Ancira respaldaría el pago con el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte y otros activos.
Hasta la fecha, el empresario ha logrado cubrir dos de las tres parcialidades estipuladas: 50 millones de dólares en noviembre de 2021 y 54.1 millones en noviembre de 2022, totalizando 104.1 millones de dólares. Sin embargo, el incumplimiento del tercer plazo lleva a la FGR a reactivar el proceso penal. En respuesta, Ancira argumentó una “reestructura financiera” y solicitó una prórroga, que fue aceptada, extendiendo el plazo hasta noviembre de 2024.
A pesar de la solicitud de extensión, el caso permanece en suspenso, dado que un juicio de amparo impulsado por Emilio Lozoya mantiene bloqueada la modificación del acuerdo. La FGR, por su parte, ha manifestado su compromiso de recuperar el monto pendiente y seguir adelante con los procesos judiciales relacionados.
En otra nota, la FGR ha vinculado a Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, a un proceso por defraudación fiscal. La acusación se basa en la presunta omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a 2016. Un juez ha impuesto prisión preventiva mientras se lleva a cabo una investigación que promete ser exhaustiva.
Finalmente, cabe señalar que el proceso de extradición contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont en Estados Unidos, relacionado con delitos de delincuencia organizada, sigue en marcha. La próxima audiencia de Álvarez Puga está programada para noviembre de 2026, mientras las autoridades mexicanas trabajan para formalizar su solicitud de extradición.
En este contexto legal complejo, la FGR reafirma su determinación de actuar dentro del marco legal para garantizar la reparación del daño y continuar avanzando en diversos procesos penales.
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