El ex vicealcalde de Alicante Andrés Llorens (PP), que fue concejal durante cuatro legislaturas a las órdenes de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, se enfrenta a juicio de cuatro años de cárcel por el supuesto amaño en 2009 y 2010 de la adjudicación de diferentes obras repartidas por toda la ciudad y sufragadas por el Plan Estatal de Inversión, el llamado Plan E, impulsado por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Llorens comparte banquillo y solicitud de penas con el exjefe de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante y dos representantes de las empresas presuntamente beneficiadas, Becsa y CCMS.
Llorens, principal encausado, comparece porque, según el auto de procesamiento dictado en 2018, existen indicios de que el entonces edil cuanto menos conocía y consintió las irregularidades detectadas en las adjudicaciones, por lo que se le considera autor de los supuestos delitos de prevaricación y fraude.
Todo arrancó con un correo anónimo remitido a los representantes socialistas de la Diputación de Alicante, en el que se detallaba el presunto amaño. El chivatazo se trasladó a la entonces edil socialista Carmen Sánchez Brufal, quien comenzó a investigar el asunto, lo denunció ante Anticorrupción y mañana declarará en la Audiencia como testigo, ya que actúa como acusación particular.
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En 2011, la Policía Nacional se sumó a la investigación y, por orden judicial, arrestó a las tres personas que ocupan el banquillo junto a Llorens. Las sospechas iniciales acabaron desembocando en un conjunto de licitaciones que bordeaban los cinco millones de euros y que comprendían obras como la renovación de varias plazas de la ciudad, la construcción o adecuación de más de un centenar de contenedores de basura soterrados e incluso el acondicionamiento de dos de los símbolos más emblemáticos y turísticos de Alicante: el parque de Canalejas y el pavimento de la Explanada de España.
No es esta la primera vez que Llorens se sienta en el banquillo, puesto que fue absuelto en el juicio de una presunta adjudicación irregular de obras en la plaza de Magallanes, un caso que se sobreseyó. Tampoco será la última, porque aún tiene pendiente otra causa abierta por la supuesta contratación irregular en la adjudicación del montaje de instalaciones festivas y culturales en 2003 a la empresa concesionaria Isjoma, lo que en Alicante se conoce como el contrato de las sillas.
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