El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga, 69.000 habitantes) ha sufrido un nuevo revés en su empeño por sacar adelante el nuevo Plan General de Urbanismo que entró en vigor en 2020, tras más de una década lidiando con trabas burocráticas y administrativas para sustituir al anterior de 1996. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado “no conforme a derecho, nulo y sin efecto” el PGOU —que ya se encontraba suspendido parcialmente— por haberse realizado sin la “preceptiva evaluación ambiental estratégica” desde “la fase preliminar del plan”.
El TSJA paraliza un plan que entre sus principales ejes transformadores incluye un megacomplejo de ocio impulsado por la promotora británica Intu sobre una superficie de 235.000 metros cuadrados cuya inversión superaba los 800 millones de euros y que contaba con un centro comercial, un circo estable, una piscina de olas, un auditorio y un hotel. El PGOU también contempla un parque que rodea el municipio con carriles bici y la edificación de 6.000 viviendas. Este plan era un elemento esencial en la estrategia del alcalde José Ortiz, el primer regidor del PSOE tras dos décadas de gobiernos municipales del PP, de recuperar el esplendor del Torremolinos de los 60, por el que se pasearon estrellas de Hollywood como Ava Gardner, Rita Hayworth o Frank Sinatra.
Maribel Tocón
La teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo, Maribel Tocón, se ha lamentado esta mañana por la decisión del TSJA, pero ha recordado que la sentencia todavía no es firme y que contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras el gabinete jurídico estudia esa posibilidad, Tocón cifra la reactivación del ansiado PGOU a la aprobación de la nueva ley del suelo —Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como LISTA— de la Junta de Andalucía y que pretende simplificar numerosos trámites administrativos que han impedido el desarrollo de los planes urbanísticos de los ayuntamientos. “Si finalmente se confirma la nulidad integral tendremos que trabajar para la renovación conforme a la LISTA que se está tramitando en el Parlamento”, ha señalado Tocón.
Sin embargo, la aprobación de la LISTA y las simplificaciones de procedimiento que traiga consigo no impedirá que cualquier plan de urbanismo no deba ir acompañado de la Evaluación Ambiental Estratégica. “Este documento es una obligación impuesta por una Directiva europea de 2001 y que fue traspuesta en España por una ley de 2006, eso está por encima de cualquier otra normativa, incluida la LISTA”, advierte Juan Clavero, miembro de Ecologistas en Acción.
Anulación de los PGOU
Esa argumentación es la que recogen los magistrados del TSJA y que ya se ha aplicado recientemente para la anulación de los PGOU de Jaén, Chiclana, Sanlúcar la Mayor o Benahavís. En la sentencia del tribunal, dictada el pasado 28 de octubre, se recuerda que las “previsiones de la Evaluación Ambiental Estratégica deben aplicarse desde el principio de la tramitación del plan y no incorporarse a su contenido posteriormente”.
En esta línea de la prevalencia entre las leyes, el TSJA hace alusión a la ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental de Andalucía (GICA), de 2007 y modificada en 2015, y que establecía su propio procedimiento de evaluación ambiental al que muchos Ayuntamientos se acogieron para sacar adelante sus planes urbanísticos sin contar con la Evaluación Ambiental Estratégica impuesta por la ley estatal. “La Evaluación Ambiental Estratégica es autónoma de otro procedimiento ambiental”, señalan los magistrados.
Los PGOU que no han contado con este documento
Sustituyéndolo por los mecanismos establecidos en la GICA, han sido anulados por el TSJA, tal y como ha reconocido la responsable de Urbanismo de Torremolinos: “Todas las denuncias vienen de una instrucción de la Junta con relación a la evaluación ambiental estratégica y esta está siendo la causa de anulación. Lo ha sido en Chiclana, en Benahavís…”.
“De hecho, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto que archiva la revisión de todos estos planes por no contener la Evaluación Ambiental Estratégica preceptiva”, recuerda Clavero en alusión al Decreto Ley 31/2020, que también citan los magistrados y que, haciéndose eco, precisamente, de la doctrina del TSJA, determina la derogación de parte de la GICA y “la terminación e ineficacia de los procedimientos de evaluación ambiental que se hayan tramitado de acuerdo con la normativa derogada y que no cuenten con el informe de Valoración Ambiental o la Declaración Ambiental Estratégica”, tal y como se indica en el fallo.
Más de dos décadas de trabas administrativas y judiciales
“Es muy difícil sacar adelante un plan sectorial por eso se eternizan”, se ha lamentado esta mañana Tocón. Una reflexión que también comparte el TSJA: “No hay que perder de vista que la tramitación de un PGOU es compleja, incluso para las poblaciones más pequeñas. La complejidad aumenta exponencialmente en los municipios importantes de carácter turístico, como Torremolinos”.
Los intentos por aprobar un nuevo PGOU en este municipio de la Costa del Sol que sustituyese al de 1995 fueron rechazados por la Junta de Andalucía hasta en cinco ocasiones, todas por motivos medioambientales o de aguas. El plan comenzó a encauzarse en 2017 y tras sortear la suspensión que afectaba al megaproyecto de Intu, entró en vigor en 2020. Entonces empezaron las trabas judiciales. En octubre de ese mismo año el TSJA suspendía parcialmente el plan atendiendo a la petición de la Sociedad Azucarera Larios que alegó, precisamente, que no se habían tramitado adecuadamente la evaluación ambiental estratégica.
En este tiempo, pese a todo, el Ayuntamiento ha ido concediendo licencias sobre las partes del plan que se ha considerado que no estaban sujetas a la suspensión, tal y como ha reconocido Tocón. “Hemos sacado adelante todas las solicitudes para la instalación de ascensores. La reactivación ha supuesto una inversión millonaria”, ha destacado la responsable de Urbanismo de Torremolinos, que también ha defendido que el PGOU contiene medidas contra el cambio climático y la proyección de la sierra y que en ese sentido “es mucho más garantista que el de 1996″.
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