Aporte fiscal: el gobierno exige más

El panorama para las organizaciones de la sociedad civil en México se ha tornado sombrío en los últimos tiempos, ya que el Gobierno ha revocado a más de un centenar de ellas el permiso para recibir donativos, una acción que ha suscitado preocupaciones sobre la limitación al trabajo cívico. Esta medida, implementada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ha justificado al señalar que estas organizaciones no cumplieron con los requisitos esenciales para emitir comprobantes de donaciones deducibles de impuestos. Desde enero de 2026, el fisco ha cancelado la autorización de 100 asociaciones civiles, dejando a varias en una lucha por recuperar su estatus. Por otra parte, 13 grupos han sufrido una cancelación definitiva de sus permisos.

Entre las organizaciones afectadas destacan el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, importantes centros de investigación centrados en políticas públicas y desarrollo económico, así como el Ateneo Español de México, que trabaja en la conservación del legado del exilio republicano. También se incluyen instituciones que brindan atención a adultos mayores y otras iniciativas filantrópicas. La organización Abel Quezada A.C., dedicada a preservar la obra del renombrado viñetista del siglo XX, figura entre las que han perdido permisos.

Amnistía Internacional ha alertado sobre las implicaciones de estas medidas, sugiriendo que el SAT está implementando un marco regulatorio que presiona a la sociedad civil y dificulta su labor. Según la ONG, estrategias similares se han utilizado en otros países para limitar la acción de las organizaciones cívicas, creando un entorno hostil mediante regulaciones fiscales más estrictas. Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, señala que existe un patrón global que busca restringir el espacio de las organizaciones que apoyan a grupos vulnerables, argumentando que las regulaciones fiscales no deben ser utilizadas como un pretexto para debilitar a las entidades críticas con el Estado.

Las organizaciones como México Evalúa y Mexicanos Primero han confirmado que desde diciembre de 2025 están revisando nuevas solicitudes ante el SAT para restablecer sus permisos. En el caso del IMCO, su acreditación por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación fue rechazada, obligándolos a buscar un nuevo reconocimiento basado en actividades de desarrollo social. Este proceso de acreditaciones, que debe ser emitido y autorizado por el mismo Gobierno, es esencial para que las asociaciones mantengan su capacidad de recibir donaciones.

Desde 2021, el régimen fiscal ha endurecido los requisitos para estas organizaciones, bajo el argumento de que algunas han participado en deducciones fiscales ilegales. Sin embargo, los procedimientos se han traducido en una hostilidad política evidente, especialmente desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018. El entonces mandatario no dudó en señalar a las organizaciones como desviadoras de recursos y opositoras a su administración, lo que llevó a la creación de nuevas normativas que dificultan aún más su funcionamiento.

En un contexto donde la participación de la sociedad civil es clave para el desarrollo de un país, estas acciones generan inquietud sobre el futuro de las organizaciones que trabajan para promover el bienestar social y los derechos humanos en México. La situación actual, que data del 23 de marzo de 2026, refleja una lucha constante por el reconocimiento y la viabilidad de un sector crucial para el tejido social mexicano.

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