El gobierno de México se encuentra en una encrucijada, enfrentando uno de los momentos más desafiantes en mucho tiempo. Problemas internos, complicaciones con su principal socio comercial, Estados Unidos, y un complejo panorama geopolítico convergen en un instante de alta tensión.
La perspectiva es cada vez más sombría, impulsada por la intersección de cuestiones comerciales y de seguridad que complican aún más la relación bilateral. Marcelo Ebrard, negociador en jefe de México, ha manifestado que la seguridad no ha sido un tema de discusión en las recientes revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, Standard and Poor’s ha señalado que las negociaciones han sido contaminadas por factores no comerciales, como el flujo de drogas hacia Estados Unidos y la inmigración.
Con 19 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, el país está en una carrera contra el tiempo. La administración busca crecer a un ritmo más acelerado, mientras intenta superar el déficit fiscal heredado, que alcanza un preocupante 5.7%, el más alto en más de tres décadas. El estancamiento económico, que lleva siete años, y la necesidad de un ajuste fiscal en las finanzas públicas, son obstáculos monumentales que deben ser superados.
La presidenta ha reconocido la importancia de fomentar un crecimiento económico robusto y la necesidad de la inversión privada como motor para impulsar la economía. A través de numerosas reuniones con líderes empresariales y asociaciones, ha propuesto cambios legales y planes de infraestructura que buscan atraer el capital privado que tan urgentemente se necesita. Sin embargo, los resultados han sido diversos. Desde mediados de 2024, la inversión privada ha registrado un descenso sostenido, acumulando varias contracciones mensuales consecutivas.
Recientemente, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, afirmó que el sector privado ya no tiene excusas para posponer proyectos en México. Esto llega tras un anuncio de un conjunto de medidas destinadas a facilitar los trámites para las inversiones. A pesar de este empuje, la agencia calificadora ha emitido preocupaciones sobre el bajo crecimiento del PIB, que se ralentizó a un 0.8% en 2025, una considerable disminución en comparación con el 3.3% de 2023.
Además, S&P ha expresado inquietudes respecto a los déficits fiscales, la carga de la deuda y la creciente presión que representan las empresas estatales como Pemex y la CFE. Esta calificación negativa también se extendió a estas entidades, intensificando la incertidumbre en el entorno económico.
A pesar de las nubes que se ciernen, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, mantiene un tono optimista, instando a empresarios e inversionistas a “apostar por México”. Aunque su disposición mostraba confianza, el tono de su mensaje se percibía casi como un ruego ante la situación crítica del país. Argumenta que la estrategia del gobierno para fomentar la inversión dará resultados a corto plazo, con una inversión proyectada de 700,000 millones de pesos en infraestructura este año, como parte de un ambicioso plan de 5.6 billones de pesos hasta el final del sexenio.
Ahora queda por ver si los nuevos esquemas propuestos por el gobierno serán lo suficientemente atractivos para atraer inversión privada y romper el ciclo de desconfianza. La revisión del T-MEC también es crucial, ya que la inclusión de la seguridad en las negociaciones podría afectar en gran medida el clima de inversión.
Si el resultado de estas gestiones resulta favorable, el panorama podría mejorar; de lo contrario, el escenario se complicará aún más. Los desafíos son significativos, y el tiempo está en juego.
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