El Senado ha dado un paso significativo con la aprobación, por 75 votos a favor y 37 en contra, del decreto que establece la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Esta nueva legislación, elaborada a raíz de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo centralizar y simplificar los trámites gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal.
La ley busca implementar un modelo ordenado y digitalizado que promueva la homologación e interoperabilidad de procesos. Según el dictamen respaldado por el pleno del Senado, se estima que cada ciudadano en México realiza en promedio 486 trámites, de los cuales el 85% son a nivel estatal o municipal. La senadora Araceli Saucedo Reyes, quien presentó la enmienda, argumentó que esta ley podría reducir la carga de trámites y contribuir a combatir la corrupción.
Sin embargo, la oposición, conformada por miembros del PAN, PRI y MC, ha criticado intensamente la ley. Néstor Camarillo, del PRI, sostuvo que este nuevo marco regulatorio podría concentrar el poder y limitar la autonomía de los gobiernos estatales y municipales. Camarillo advirtió que la digitalización de los trámites podría utilizarse como pretexto para establecer un sistema centralista, donde la nueva agencia de transformación digital, que carece de mecanismos de supervisión, tendría acceso a información sensible de los ciudadanos.
Laura Esquivel, del PAN, compartió la preocupación de la oposición afirmando que la ley no apunta efectivamente a la simplificación, sino más bien a un control centralizado. Alejandra Barrales, de MC, coincidió en que esta legislación plantea una amenaza a la privacidad y al control ciudadano sobre sus propios datos.
En otro contexto, la Cámara de Diputados aprobó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), legitimando una serie de nuevos poderes para el cuerpo de seguridad. Este cambio ha generado inquietud en la misma oposición, que ve en ello un intento de militarizar la seguridad pública del país.
Entre las nuevas atribuciones, se destaca que la Guardia Nacional estará encomendada a la vigilancia de espacios y recursos naturales, así como a la prevención y combate de delitos ambientales. No obstante, se teme que estas facultades incluyan el monitoreo de la actividad en redes y la recolección de datos de comunicación de los ciudadanos, lo que aumenta las preocupaciones sobre la posible invasión a la privacidad.
Los legisladores opositores expresan que estas reformas no solo consolidan la militarización de la seguridad, sino también de la vida pública en México, un país que, según ellos, debería regirse más por principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. Así, tanto la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos como la nueva legislación sobre la Guardia Nacional marcan momentos cruciales en el contexto político y social de México, generando un debate intenso sobre el futuro de la gestión pública y la seguridad en el país.
Esta información se corresponde con la fecha original de publicación del 2025-06-25.
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