Las comisiones de la Guardia Nacional y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores han dado un paso significativo en la reestructuración de la Ley de la Guardia Nacional, aprobando un decreto que no solo establece esta legislación, sino que también modifica seis leyes adicionales en este ámbito, así como el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales. Esta decisión se tomó con la votación de 14 diputados de los partidos Morena, PVEM y PT, frente a 6 que votaron en contra, pertenecientes a PAN, PRI y MC. La discusión y votación del decreto en el pleno cameral está programada para una sesión extraordinaria el próximo domingo.
Con esta nueva legislación, se busca armonizar la normativa secundaria con la reforma constitucional que se promulgó el 30 de septiembre de 2024. Esta reforma establece que la Guardia Nacional se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que implica una reorganización fundamental de sus funciones y responsabilidades.
La ley recién aprobada regulará de manera detallada cuestiones nucleares como los principios, la organización, las atribuciones, y la coordinación de la Guardia Nacional con los gobiernos estatales y las autoridades municipales. Esto incluye un título específico que regirá la cooperación entre estas autoridades en materia de seguridad pública.
Un aspecto relevante del dictamen, que tiene su origen en la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, es el establecimiento de convenios entre las autoridades locales y la Guardia Nacional. Estos convenios tienen un carácter temporal y están diseñados para obligar a los gobiernos estatales a asumir ciertas responsabilidades relacionadas con la seguridad pública, tales como mantener niveles adecuados de inversión en infraestructura, proporcionar la información necesaria y presentar informes periódicos de sus acciones.
En términos de control jurisdiccional, se ha establecido que la intervención de comunicaciones durante investigaciones deberá contar siempre con la debida autorización judicial, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes relevantes. Esto asegura que las operaciones de la Guardia Nacional se realicen bajo el marco legal correspondiente, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia.
Es importante señalar que esta información corresponde a la fecha de publicación original (2025-06-27 00:03:00) y puede no reflejar los eventos más recientes hasta el 1751011099. Sin embargo, los cambios establecidos en esta legislación marcan un momento crucial en la política de seguridad pública, donde la colaboración entre distintas entidades gubernamentales se presenta como un punto clave para enfrentar los retos contemporáneos de la seguridad en el país.
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