El Gobierno mexicano continúa con su cruzada en defensa de los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas. Louis Vuitton, Carolina Herrera o la diseñadora francesa Isabel Marant ya han estado en el centro de la diana con acusaciones de plagio y expolio cultural a las comunidades. Ahora el dedo señala a Zara, a quien la Secretaría (Ministerio) de Cultura mexicano mandó la semana pasada una carta con motivo de un vestido de su última colección al estilo de los huipiles bordados a mano por las artesanos indígenas mexicanos. La carta reclama a la multinacional española que explique públicamente “con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva”, cuyo origen “está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas”, así como “los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras”.
La reclamación de México, que además de Inditex también ha enviado esta semana cartas similares a las estadounidenses Anthropologie y Patowl, identifica incluso el origen concreto del supuesto plagio: los patrones de la cultura mixteca del municipio de San Juan Colorado, en el Estado occidental de Oaxaca, uno de los territorios con mayor población indígena y una arraigada tradición artesana que, en muchas casos, se convierte en la única salida económica que existe en las comunidades. Los huipiles, en concreto, son tejidos a mano en un telar de cintura y su elaboración puede tardar más de un mes. En el caso del vestido de Zara denunciado, México reclama que se usan espureamente símbolos relacionados con el centro del universo, agua o veredas, “símbolos que se han transmitido e generación en generación y se conservan la memoria de los pueblos mixtecos”.
“Se trata −añade la carta− de un principio de consideración ética que, local y globalmente, obliga a llamar la atención y discutir un tema impostergable como es el proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados”. El texto cita también toda la batería de convenios y textos jurídicos internacionales, desde la ONU a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconocen de algún modo la autoría y la protección del trabajo artesanal de los pueblos indígenas. Un terreno legal peliagudo sobre todo por la complejidad que implica la autoría colectiva y sus derivadas a la hora de demandar o establecer una compensación por el daño.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abrazado, en todo caso, la causa como parte de su política volcada a la batalla de símbolos. Hace apenas un mes, el Congreso aprobó una reforma a la Ley del Derecho de Autor, que reconoce a las obras de los pueblos y comunidades indígenas como “objeto de protección de derechos de propiedad intelectual”. A falta de su aprobación definitiva en el senado, juristas y expertos ya han adelantado que pese a la buena intención de la norma, será muy probable que resulte insuficiente.
No es la primera ocasión que México pasa una polémica por la utilización de diseños de pueblos indígenas en colecciones de moda. Hace dos años, Cultura también envió una carta parecida a Carolina Herrera. El motivo de la discordia fue en este caso los diseños de una sarapes que, según México, plagiaban un bordado proveniente de la comunidad de Tenango de Doria (Hidalgo). En 2015, una túnica y una blusa de la francesa Isabel Marant causaron muchas críticas en las redes sociales. Los diseños de las prendas bebían de los utilizados por mujeres mixes del poblado de Santa María Tlahuitoltepec, en la zona serrana de Oaxaca.
Zara también había sido acusada de plagio con anterioridad por el uso de diseños artesanales mexicanos. El más reciente fue en 2018, cuando por las redes sociales empezó a circular la acusación de que una de las chaquetas mostraba un dibujo similar a un bordado usado por las mujeres de Aguacatenango, en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas.
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