Unas 400.000 personas trabajan en la ciencia y la innovación en España, un sector golpeado históricamente por la precariedad laboral, los tijeretazos presupuestarios y una burocracia agarrotadora. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma de la Ley de la Ciencia de 2011, una iniciativa que pretende arreglar el desaguisado actual, según ha reconocido con crudeza la ministra de Ciencia, Diana Morant.
La reforma fijaría por primera vez el objetivo de alcanzar una inversión pública del 1,25% del Producto Interior Bruto para financiar la I+D+I en 2030, como adelantó la ministra. El nivel actual es el 0,58%. “Con el apoyo del sector privado nos permitirá llegar al compromiso del 3% que establece la UE”, ha añadido Morant, que ha subrayado que los presupuestos actuales de su ministerio ya son mucho mayores que los de la etapa del presidente conservador Mariano Rajoy. “El de 2022 prácticamente dobla el que encontramos heredado”, ha señalado.
Morant ha proclamado que la reforma “pone fin a la precariedad endémica en el sector público de la I+D+I”, mediante la creación de un nuevo contrato indefinido, en línea con la reciente reforma laboral. “Hasta ahora, el contrato más usado en la ciencia era un contrato de obra y servicio que tenía una duración máxima de cuatro años. Los grupos de investigación se veían obligados a romper el grupo cada cuatro años, y los investigadores quedaban sin contrato y teniendo que buscar un nuevo grupo en el que trabajar. Pasamos a la estabilidad, con contratos indefinidos, y por tanto este modelo acaba con la precariedad”, ha declarado la ministra.
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Una parte del sueldo de los investigadores y los profesores universitarios depende de la evaluación de sus méritos investigadores en los años anteriores, a través de los llamados quinquenios. La reforma propuesta por Morant rectificaría una polémica normativa impulsada en abril de 2019 por el propio Ministerio de Ciencia, entonces encabezado por el astronauta Pedro Duque.
La actual normativa penaliza a los investigadores que han salido de España para formarse y regresan, ya que sus años en el exterior no se tienen en cuenta a la hora de calcular su sueldo en una plaza ganada por oposición. Este reconocimiento salarial solo se aplica ahora a la experiencia en los Organismos Públicos de Investigación —como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)—, lo que deja fuera a los cerebros retornados y a los científicos de universidades, fundaciones y centros tecnológicos de las comunidades autónomas.
Unos 200 investigadores afectados por esta normativa denunciaron su situación en una carta al Ministerio de Ciencia en octubre de 2021, según adelantó este periódico. En la práctica, el Gobierno intenta que vuelvan los científicos emigrados pagándoles menos que a los que nunca se fueron. El gabinete de Morant da ahora marcha atrás.
“Abrimos las fronteras, reconocemos los méritos de investigación realizados tanto en España como en el extranjero, en la totalidad del sector público y también en todas las universidades”, ha defendido la ministra. “El objetivo es hacer de España un país para la ciencia, con condiciones y salarios atractivos, donde quienes se fueron puedan regresar y las mentes más brillantes se quieran incorporar a nuestro país”, ha asegurado.
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La comunidad científica española lleva años denunciando una burocracia paralizante, que obliga a justificar hasta el más mínimo gasto con multitud de documentos y ralentiza la compra de materiales para los laboratorios. “La ley también resuelve otro problema que atormenta a la comunidad científica, que es la excesiva carga administrativa”, ha afirmado Morant.
El anteproyecto también reconoce por primera vez al personal investigador sanitario, aquel que dedica el 50% de su tiempo a investigar en hospitales y centros de salud, ha explicado Morant. Según la ministra, el conjunto de reformas permitirá incorporar de manera estable a 12.000 personas en el sistema público de ciencia en los próximos tres años.
La comunidad científica ha recibido estos anuncios con menos triunfalismo. La presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, la física Perla Wahnón, recordó este jueves que los sucesivos ministerios de Ciencia han utilizado el dinero reservado para préstamos, que habitualmente se queda sin gastar, para hinchar sus presupuestos reales.
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