El Ministerio de Cultura ha revelado su decisión de mantener en vigor un convenio con Antiqvvm Edicions S.L., una editorial andorrana, a pesar de las controversias judiciales y las preocupaciones sobre el cumplimiento de las condiciones necesarias para formalizar acuerdos con la administración pública. Este convenio fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 16 de noviembre de 2024, mediante una resolución fechada el 8 de noviembre del mismo año, para el proyecto titulado “Cathalonia 815–1720: Els documents cabdals de la Història de Catalunya”.
El documento establece explícitamente en su cláusula sexta que “la suscripción del presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para ninguna de las partes”. Sin embargo, se reconoce también el carácter mercantil de la operación, permitiendo a Antiqvvm Edicions realizar la comercialización, edición y venta de libros y reproducciones de documentos históricos, con todos los ejemplares destinados a la venta tanto nacional como internacional.
A pesar de que el Ministerio dispuso desde hace meses de información sobre presuntas irregularidades relativas a las garantías que deben observarse en los convenios, la administración ha optado por no suspender ni revisar este acuerdo. Esto se produce en un contexto donde un contencioso administrativo sigue su curso en la audiencia nacional, siendo este un aspecto que ha generado inquietudes en el ámbito público.
En el epicentro de esta polémica se encuentran figuras clave entre los responsables de la editorial. Josep Estanyol Cornella, apoderado de Antiqvvm, es reconocido como un ex notario andorrano destituido en 2020. Junto a él, Santiago Blanch Hernández, miembro de la familia Carbó, fundadora de Caprabo, se desempeña como administrador de la empresa. Ambos se encuentran al mando de una sociedad andorrana sometida a un embargo decretado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, lo que amplifica el cuestionamiento sobre la idoneidad de los acuerdos mantenidos con dicha empresa.
Este escenario plantea interrogantes fundamentales sobre el papel del Estado en la regulación de acuerdos con entidades cuya situación legal es cuestionable y que presentan antecedentes de incumplimientos judiciales. Un aspecto adicional que resuena en el debate es la pertinencia de mantener convenios con empresas que, aunque financiadas por residentes españoles, eligen tributar en Andorra, lo que abre la puerta a una reflexión más amplia sobre la responsabilidad fiscal y las relaciones comerciales en la región.
La decisión del Ministerio, en medio de un trasfondo judicial en desarrollo, invoca una discusión urgente sobre la ética y la legalidad en la gestión de recursos públicos. Sin duda, será un tema a seguir de cerca a medida que se desarrollen los acontecimientos y se determine el futuro de este polémico convenio.
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Me parece una vergüenza que el propio ministerio firme acuerdos con sociedades andorranas fuera del control de hacienda que pertenecen a ricas familias catalanas y mientras, los “pringaos” en España venga a pagar impuestos.
Igual es que no se hanente3rado que están los de Caprabo detrás
De vergüenza