El presidente de la Generalitat se mueve con cautela en un terreno que sabe pantanoso. Pere Aragonès y su partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), critican duramente las multas de más de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 altos cargos de la administración catalana por los gastos destinados a la propaganda internacional a favor del independentismo. Junts, socios de coalición, aprieta entre bambalinas para que la Generalitat avale las fianzas, pero el president sabe que este sería un camino repleto de minas judiciales.
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“Buscaremos mecanismos para amparar a estas personas y proteger nuestras competencias”, afirmó Aragonès este domingo en una entrevista en El Periódico. Aragonès confirmó que la Generalitat está estudiando las opciones que tiene para dar apoyo a los sancionados por el Tribunal de Cuentas.
Las dudas sobre la viabilidad legal de la jugada son elevadas porque la Generalitat podría incurrir en delitos penales de malversación y prevaricación. El propio Aragonès concedía que la situación “es difícil”: “Estamos estudiando las vías que tenemos a nuestro alcance. Es difícil, porque tiene que permitir dar cobertura efectiva, no retórica.” Todas las alternativas que se han hecho públicas esta semana en forma de globos sonda plantean interrogantes legales, desde la hipótesis de que sea el Institut Català de Finances quien avale las fianzas o que lo haga la compañía de seguros contratada por la Generalitat, según avanzó La Vanguardia.
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El jefe del Gobierno catalán añadió en El Periódico unas palabras en la que parecía asumir que la iniciativa privada debe volver a ser la que cubra las penas económicas: “Tendremos que activar mecanismos de solidaridad desde la sociedad”. La llamada caja de solidaridad es una iniciativa que pusieron en marcha las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. E
