Pere Aragonès cumple mañana miércoles 100 días como presidente de la Generalitat con el doble objetivo de cerrar los Presupuestos autonómicos antes del mes de diciembre y mantener viva la mesa de diálogo sin que decaiga cuando el Gobierno deje negro sobre blanco que no piensa negociar un referéndum y la amnistía para los imputados del procés. ERC cuenta con 33 diputados y sustentó la investidura de Aragonès primero con un acuerdo con la CUP —8 escaños— y luego otro con Junts —32—. El president quiere aprobar las cuentas con el apoyo de unos y otros y deberá hacer equilibrios para contentar a ambos socios sin ningún documento de base que una a los tres partidos y con unas elecciones municipales a un año vista.
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El president quiere aprobar las cuentas con la mayoría independentista. En esa coyuntura política intenta entrar el PSC, que ha vuelto a asegurar su disposición a negociar los Presupuestos. Las primeras pinceladas de lo que será el reinicio del curso político lo marcarán Aragonès y los diferentes grupos parlamentarios en el Parlament, tras la reunión de la mesa de diálogo (13 de septiembre) y tras una Diada marcada por los indultos a los líderes independentistas condenados a prisión. Estos son los principales retos que tiene el Ejecutivo una vez superados el periodo de gracia:
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Mesa de diálogo. La marcha del órgano reflejará el grado de cohesión del Govern. ERC considera una victoria que el Gobierno haya aceptado por primera vez la existencia de un conflicto político y no se levantará de la mesa pese a que Pedro Sánchez haya dicho por activa y por pasiva que no piensa aceptar un referéndum. Aragonès tampoco desistirá de su objetivo y falta ver los contorneos que deberá dar para que la mesa dure dos años. Junts dice que será leal pero no pierde ocasión para cuestionarla. Su objetivo es lograr la máxima unidad del independentismo en el Congreso y utilizar su fuerza para lograr avances en la mesa presionando en la negociación de los Presupuestos. ERC dice que las negociaciones no están vinculadas.
Estrategia independentista. De momento, ERC y Junts firmaron el acuerdo de gobierno sin cerrar la estrategia independentista. Justo antes de la investidura, los dos socios y la CUP sellaron un pacto de mínimos dejando en el aire esa hoja de ruta. Si la mesa de diálogo no funciona, ERC y la CUP apelan en su acuerdo a preparar un “nuevo embate” y “priorizando la vía del referéndum”. Junts no descarta la vía unilateral pero rechaza otro referéndum al reivindicar el 1-O.
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Ampliación del aeropuerto de El Prat. Tanto ERC como Junts han defendido que el acuerdo alcanzado con el Gobierno en el verano solo presupone negociar un acuerdo, que no tiene que pasar por la ocupación de la zona protegida de La Ricarda para ampliar una de las pistas. La presión de la CUP, que se niega de forma tajante al proyecto presentado por el gestor aeroportuario Aena, hará más difícil la negociación del Govern.
La gestión del coronavirus. Cataluña está en la penúltima recta para salir de la quinta ola, aunque la situación es compleja en los hospitales y en las calles. A pesar de la mejora epidemiológica, los centros sanitarios siguen con un número excesivo de camas ocupadas por pacientes covid, lo que limita la actividad quirúrgica no urgente. La Generalitat defiende medidas restrictivas para combatir la interacción y los contagios, pero el Tribunal Superior de Justicia ha vetado un toque de queda que contaba con un notable consenso en el Govern. Ese veto ha posibilitado la celebración de fiestas masivas en diferentes partes del territorio, y numerosos municipios, incluida Barcelona, presionan a la Generalitat para aplicar operativos de orden público.
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Un nuevo plan para las energías renovables. El Departamento de Acción Climática, en manos de ERC, prepara un nuevo decreto para ordenar el despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos en Cataluña, que se ha quedado a la cola ante otras comunidades autónomas. El cambio es uno de los compromisos acordados con la CUP para la investidura, basado en fijar más control sobre los grandes proyectos, y supone enmendar las líneas bases que creó Junts en 2019 y que satisfacía a las empresas del sector tras una década sin nuevas instalaciones.
La fábrica de baterías y Nissan. Cataluña compite con otras comunidades, sobre todo Aragón, para albergar una futura fábrica de celdas de baterías para automóviles y debe decidir qué inversión llena el hueco que el fabricante japonés de automóviles dejará en la Zona Franca de Barcelona en diciembre, cuando cierre su factoría. El Gobierno catalán todavía está mostrando posibles ubicaciones para convencer al fabricante de celdas, el surcoreano LG Chem de la mano del Grupo Volkswagen, y no lograrlo supondría el enésimo golpe en los últimos años para conseguir relevantes inversiones industriales. Respecto a Nissan, el Govern colabora con el Ministerio de Industria para decidir un proyecto que pueda cubrir los 2.500 empleos de Nissan y ofrezcan futuro al futuro incierto de la industria de la automoción catalana.
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Fondos Next Generation. Ya en la pasada legislatura el Govern reivindicó la necesidad de gestionar los fondos Next Generation de la Unión Europea que le corresponderán a Cataluña. Hizo su propio listado de 27 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), una suerte de macro inversiones consideradas urgentes que irían por el carril rápido de la Unión Europea que apenas han sido tenidas en cuenta. En esta legislatura ha pedido cogestionar esos fondos junto al Gobierno, sin que esa posibilidad se haya abierto todavía.
Unos Juegos de Invierno de obligado consenso. La Generalitat mantiene la hoja de ruta para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. El Comité Olímpico Español oficializó al Comité Olímpico Internacional el interés para albergar la cita olímpica, pero el Gobierno de Aragón ya acusó a la Generalitat de Cataluña de “desleal” por no incluir a su comunidad en el nombre del proyecto. Las posibilidades de la candidatura dependen de múltiples factores: sociales, económicos, medioambientales y políticos. Estos últimos obligarán a ERC, que hereda el liderazgo de Junts en el proyecto, a tejer complicidades con el Ayuntamiento de Barcelona, los municipios del Pirineo, Aragón y el Gobierno central, la mayoría de diferentes grupos políticos. La alcaldesa Ada Colau ha mostrado siempre recelos.
