Hace un año que el Gobierno autonómico que lidera Pere Aragonès aterrizó en el Palau y, según un nuevo mecanismo de rendición de cuentas de la Generalitat, ese tiempo ha servido para ejecutar un 33,8% del plan de Govern pactado entre ERC y Junts per Catalunya. El propio president ha comparecido este martes para defender su gestión y ha aprovechado para exhibir lo que considera un resultado “satisfactorio” teniendo en cuenta los efectos sociales y económicos de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Tanto Aragonès como su número dos, Jordi Puigneró (Junts), han obviado las diferencias que han enfrentado a sus respectivos partidos y han impedido, por ejemplo, acuerdos como la ampliación del aeropuerto de El Prat. Ambos han coincidido en que se están plantando las bases “del cambio” en temas claves como la transición ecológica.
El diálogo con el Gobierno central es precisamente una de las medidas cuyo cumplimiento se ha sometido a control interno de la Administración. El Govern ha habilitado una web en la que la ciudadanía puede seguir casi en tiempo real el progreso de las 1.484 medidas, agrupadas en 19 ámbitos. Pese a que la mesa de diálogo entre los dos gobiernos solo se ha reunido una vez y las relaciones entre los Ejecutivos pasan por un mal momento, el objetivo de “la resolución democrática del conflicto político” está dos puntos sobre el grado de cumplimiento global, un 35%.
Ese objetivo incluye tres medidas concretas: la mesa de diálogo, la búsqueda de una fórmula para “el ejercicio de la autodeterminación” y la puesta en marcha del Acuerdo Nacional para la Amnistía que “ponga fin a la represión”. El informe no entra a cuantificar cada medida, pero dice que las dos primeras están en “proceso de desarrollo” y la última en “inicio de ejecución”. “Se ha iniciado el proceso de negociación que ha de permitir avanzar en la resolución del conflicto. El 15 de septiembre se reunieron el presidente Aragonès y el presidente [Pedro] Sánchez en el Palau y se encontraron las dos partes negociadoras”, justifica el informe.
Pero más allá de un porcentaje, el jefe del Govern ha aprovechado la fecha señalada para presionar a Sánchez y recordarle que seguirán con cuidado su comparecencia parlamentaria sobre los espionajes a líderes políticos y sociales usando el programa Pegasus. Más de 60 personas del independentismo fueron monitorizadas pero el CNI solo acepta que tenía autorización judicial para seguir a una veintena, Aragonès incluido. “Es indispensable que el Gobierno mueva ficha para así lograr reconstruir la confianza mínima entre las partes y poder seguir con el proceso de negociación”, ha insistido Aragonès, que quiere más transparencia y garantías de no repetición.
La decisión del Tribunal Supremo de aceptar ahora los recursos del PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos a los líderes independentistas le ha explotado al president en medio de la presentación. Antes, Aragonès se había referido a la medida de gracia, asegurando que desde su concesión, en junio del año pasado, “no se ha avanzado lo suficiente en la resolución del conflicto. “Los resultados no son los esperados”, ha apostillado. El republicano ha aprovechado para cargar tanto contra los partidos responsables de los recursos como contra los magistrados. “Si cambia el criterio es porque cambian las mayorías. Eso muestra que el análisis será político y no judicial (…) Hay partidos que trabajan para tensionar aún más una sociedad que ha sufrido mucho”, ha asegurado.
Según la metodología del balance, el global de la ejecución de las 1.486 medida del plan del Govern es del 33,9%. Agrupados por áreas, los tres mejores desempeños están en las políticas educativas y de formación (43,1%), las de vivienda (41,7%) y, empatadas con un porcentaje de 41,2%, la agenda rural y la vertebración del territorio. En esos cuatro campos están algunas de las medidas estrellas del Ejecutivo: la gratuidad de la educación de cero a tres años, la reducción de ratios en la etapa infantil, el plan contra la infravivienda y “la aceleración de la transición energética”.
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En el otro lado de la lista, con un nivel de ejecución menor, están las áreas de Buen Gobierno (21,9%); Empresa y Tejido productivo (23,2%) y de Igualdad entre hombres y mujeres y derechos humanos (23,4%). De hecho, la transformación feminista es el gran eje de la legislatura con un avance más retrasado. Puigneró ha recordado que el departamento de Igualdad y Feminismos es de nueva creación, lo cual ha implicado “empezar desde cero”. También ha recordado su transversalidad y ha puesto en valor, por ejemplo, las medidas promovidas en Interior para feminizar la plantilla de los Mossos.
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