El presidente catalán, Pere Aragonès, ha ordenado a los servicios jurídicos que la Generalitat se persone como acusación particular en el caso Triacom, una pieza separada del caso 3% que investiga la presunta financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de esta productora audiosivual. Los letrados del Govern han solicitado a la Audiencia Nacional que le permita ejercer la acusación “en defensa de los intereses de la Generalitat” y tras recibir “la orden” de Aragonès, según los escritos a los que ha accedido Columna Digital.
La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación sobre las actividades de Triacom, una productora que trabajaba con frecuencia para TV3. Según los investigadores, la empresa vendía los programas a la televisión pública catalana a un precio muy superior al de mercado. La causa trata de aclarar si ese sobrecoste y otras irregularidades detectadas sirvieron para financiar de forma ilegal al partido de Artur Mas. Convergència fue condenada en el caso Palau por el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública en la etapa de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat y ha sido llevada al banquillo en el caso 3% –que afecta a la etapa en la que Mas estuvo al frente del partido y, más tarde, de la Generalitat- por el mismo motivo.
Aragonès dio la orden el pasado 3 de marzo mediante una carta remitida al director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve. El presidente se hace eco de “distintos artículos publicados por medios de comunicación” sobre la investigación de una pieza separada “que tendría por objeto una investigación relacionada con la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya”, según el documento al que ha accedido este diario.
El presidente admite en el texto que no dispone de información “detallada”, pero destaca que de lo publicado se desprende que los hechos “afectarían a los intereses y a la esfera jurídica de la Generalitat” y que, “de ser acreditados, podrían ser calificados de delitos de fraude contra las administraciones públicas, de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y cohecho, entre otros”. Tanto la Generalitat como la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA por sus siglas en catalán, el órgano del que dependen TV3 y Catalunya Ràdio) podrían “resultar perjudicadas”. Aragonès concluye diciendo que es “procedente” personarse como acusación particular y pide a los letrados que ejerciten “las acciones oportunas contra las personas directamente responsables de los hechos constitutivos de delito”.
La decisión de Aragonès de que la Generalitat se persone en esta causa podría abrir una nueva grieta con los socios de Junts, herederos políticos de Convergència. Las relaciones entre los socios del Ejecutivo no pasan por un buen momento, después del intercambio de reproches por los supuestos acercamientos del independentismo a Rusia, de cara a encontrar apoyo internacional, o del silencio de ERC respecto a cómo actuará cuando se tenga que votar la suspensión de Laura Borràs como diputada, una vez se le abra juicio oral por un supuesto caso de corrupción, informa Camilo S. Baquero.
Tras recibir la petición de la Generalitat para ejercer la acusación, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado un auto este lunes en el que da traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la petición.
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El Gobierno catalán ya trató de ejercer la acusación particular en el caso 3%, la pieza general que indaga el pago de mordidas de grandes constructoras a Convergència a cambio de adjudicaciones públicas. No lo logró. La Audiencia Nacional dijo que existía un “obstáculo procesal insalvable” al ser la Generalitat, al mismo tiempo, “investigada y acusada”. En el auto, el tribunal admitió que tiene “personalidad jurídica propia” y distinta de los partidos que la componen, pero recordó que está “integrada por partidos políticos diversos, entre los que está la antigua Convergència”, en alusión a Junts per Catalunya, considerado heredero político de los nacionalistas conservadores.
En el epicentro del caso Triacom se encuentra el gerente de Triacom Audiovisual, Oriol Carbó, que antes había sido también gerente de TV3. Permanece investigado desde 2019 por el presunto desvío de unos 750.000 euros, mediante facturas falsas, de programas de TV3 a una empresa que trabajó para la campaña electoral de Convergència en las elecciones autonómicas de 2010. Según la tesis de la investigación, Carbó usó Triacom para pagar a Hispart, propiedad del empresario José Manuel Parra, la deuda que Convergència con esa compañía, que había organizado los actos de campaña que auparon a Artur Mas al frente de la Generalitat. El gerente de la productora actuó, según el juez instructor, “siguiendo instrucciones directas y expresas” de Germà Gordó, hombre de la máxima confianza del expresidente catalán, exgerente de Convergència y uno de los principales implicados en el caso 3%. En febrero de 2020, la Audiencia Nacional ordenó el registro de la sede de Triacom.
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