Arantepacua logra cita tras movilizaciones.

La comunidad de Arantepacua mantiene firme su exigencia de justicia y castigo para los responsables de los actos de violencia perpetrados contra sus habitantes en 2017 por parte de fuerzas estatales. A casi nueve años de esos inaceptables sucesos, el asesor jurídico Enrique Guerrero ha subrayado que la ruta jurídica se extenderá no solo a instancias locales, sino también a posibles organismos internacionales.

Los delitos de homicidio y tortura, que aún están bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), podrían involucrar elementos que trascienden el ámbito nacional, permitiendo la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). Guerrero ha señalado que, aunque las órdenes de aprehensión emitidas recientemente representan un avance significativo, la comunidad exige más: “Esto debe transformarse en sentencias firmes”, enfatizó.

El día de hoy, las autoridades estatales se reunirán en el Palacio de Gobierno para dar seguimiento a estas investigaciones. En dicha reunión, participarán representantes de la asesoría jurídica y los aspectos técnicos del proceso penal, lo que demuestra un compromiso palpable hacia la causa de la comunidad.

Es importante contextualizar que los eventos de 2017 sucedieron durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y del entonces fiscal Adrián López Solís. Los comuneros siguen señalando la responsabilidad de estos funcionarios en lo ocurrido, reafirmando que no aceptarán la impunidad.

Además, Guerrero recordó un compromiso previo del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien prometió la realización de cuatro proyectos de infraestructura para la comunidad en abril de 2022. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de ellos ha sido completado. La unidad deportiva y un nuevo hospital están en proceso, y se espera que inicie próximamente la construcción de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UNICAMI), aunque la definición de un segundo campus aún está pendiente.

Sobre la postura de la comunidad, Guerrero insistió en que las disculpas públicas solo serán aceptadas cuando haya un castigo efectivo para los responsables y se realice una reparación del daño. El gobernador Ramírez Bedolla, por su parte, ha manifestado en conferencias de prensa que respeta el derecho de la comunidad a manifestarse en busca de justicia por lo ocurrido en 2017, resaltando la importancia de la libertad de expresión en este contexto.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos, la comunidad de Arantepacua sigue demostrando determinación y unidad en su lucha por justicia, subrayando que el camino hacia la verdad y la reparación es esencial para sanar las heridas abiertas por la violencia del pasado.

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