Argentina comienza a acatar la exigencia más difícil del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): reducir los millonarios subsidios a la energía de los que ahora se beneficia toda la población, indistintamente de sus ingresos. En unos meses, el Estado retirará la ayuda a los hogares más ricos, que verán reflejado en sus facturas el valor real del gas y la electricidad. Para los demás, el precio se mantendrá sin variaciones en lo que queda de 2022, según el anuncio realizado este jueves por el Gobierno del peronista Alberto Fernández.
“El sistema contempla una segmentación en tres escalas”, detalló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en rueda de prensa. Las familias con menores ingresos (cerca del 40% del total, similar al dato de pobreza) pagarán una tarifa subvencionada que aumentará anualmente como máximo un 40% del alza del coeficiente salarial. Para aquellas con ingresos medios (alrededor del 50%), el aumento máximo previsto será del 80% del coeficiente salarial, mientras que pagarán la tarifa plena quienes tengan ingresos equivalentes a tres canastas básicas y media (333.600 pesos, equivalentes a unos 2.600 dólares) o que posean tres automóviles, tres propiedades, un yate y/o un avión (el 10% más rico).
“No va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% de la población, aproximadamente, en el resto del año. Y en el caso del sector primero, se va a ir prorrateando de aquí hasta final de año el aumento que corresponda por haber quedado con la tarifa plana”, insistió Cerruti. Los detalles sobre la implementación de la medida los brindará el Ministerio de Economía, agregó.
La reducción de los subsidios a la energía fue una de las condiciones del FMI incluidas en el acuerdo alcanzado en marzo —y aprobado después por el Congreso argentino— para reestructurar la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por Argentina en 2018 con el organismo internacional. Los economistas ortodoxos insisten también en que no hay alternativa si se quieren equilibrar las cuentas públicas. En Buenos Aires y su área metropolitana, donde viven cuatro de cada diez habitantes del país, la factura promedio de electricidad no supera los 1.500 pesos (11 dólares), poco más que una pizza grande. La del gas, incluso en los meses de invierno, donde se incrementa notablemente por la calefacción, tampoco supone un golpe significativo para el bolsillo de las clases medias. La explicación está en la enorme subvención estatal, que en 2021 requirió el desembolso de 11.000 millones de dólares, equivalente al 2,3% del PIB.
Sin embargo, reducir los subsidios es un rompecabezas de difícil solución. Las cuentas de muchas familias no cierran ya sin la ayuda del Estado y la situación empeoraría sin esos subsidios. El incremento de las tarifas de luz y gas tiene un gran impacto en la inflación —que en mayo superó el 60% interanual por primera vez en los últimos 30 años— y ésta en los salarios, que pierden la partida contra los precios. Además, es una medida muy antipopular —que se hará aún más complicada en 2023, a medida que se acerquen las elecciones presidenciales— y a la que se opone el ala dura del kirchnerismo dentro de la coalición gubernamental.
La segmentación de las tarifas energéticas forma parte de un paquete de medidas económicas mayor, con el que el Gobierno intenta ceñirse al presupuesto y a los compromisos adquiridos con el FMI, por ejemplo respecto a la reducción del déficit fiscal, que debería ser del 2,5% del PIB este año, frente al 3% de 2021.
Entre las novedades está la ampliación del corte de biodiésel incluido en el gasoil, que pasará del 5% actual al 7,5%. La medida pretende reducir los problemas de abastecimiento de este combustible en gran parte del país. La carestía de gasoil está afectando las diferentes cosechas y siembras del campo argentino, pero también complica la distribución de bienes alimentarios.
El Gobierno intenta también dejar atrás la crisis política abierta a raíz del gasoducto Néstor Kirchner. Este jueves firmó el contrato la obra que permitirá ampliar la capacidad de transporte del gas que se produce en la formación no convencional de Vaca Muerta, que quedó bajo sospecha después de que el entorno del entonces ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, pusiese en duda la transparencia de la licitación del gasoducto, a cargo del kirchnerismo. Las declaraciones le costaron el puesto a Kulfas, que fue reemplazado por el exgobernador bonaerense Daniel Scioli. La oposición denunció el proceso de licitación ante la Justicia, pero esta archivó este jueves la causa al concluir que concluyó que “se viene realizando conforme a las normas”
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