El gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, eliminó 77,515 empleos estatales entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, según cifras oficiales difundidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La reducción incluye la administración centralizada y descentralizada, empresas estatales y personal militar y de seguridad, como parte de la política de achicamiento de la estructura pública nacional impulsada desde el inicio de la gestión de Milei1.
El 19 de octubre se formalizó un nuevo Régimen de Retiro Voluntario para parte de la administración pública nacional centralizada, con la inscripción abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, y la posibilidad de extender el plazo una sola vez por hasta 30 días1.
Qué cambia para los empleados públicos
La reducción de 77,515 empleos estatales refleja el saldo acumulado entre altas y bajas en la administración pública nacional durante los primeros 32 meses del gobierno de Milei, sin reversión de la tendencia a la baja desde enero de 20241. El nuevo régimen de retiro voluntario, establecido por el Decreto 1203/2026 y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Federico Sturzenegger, está dirigido al personal de planta permanente y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado en la administración centralizada1.
El programa permite que los empleados que decidan adherirse reciban compensaciones económicas según edad, antigüedad y aportes previsionales. Para quienes están cerca de la edad jubilatoria, se contempla el pago del 60% de la remuneración bruta por hasta 36 meses o hasta completar los requisitos previsionales1. El universo potencial de trabajadores alcanzados por la convocatoria es de unos 20,000 agentes, aunque la aceptación no es automática y cada jurisdicción debe analizar los pedidos1.

A quiénes afecta y quiénes quedan fuera
No incluye a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, Servicio Exterior, área de inteligencia ni organismos descentralizados1. Tampoco pueden adherir quienes ya cumplen condiciones para jubilarse, tengan trámites de renuncia pendientes, estén sometidos a sumarios por faltas graves, o mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado sin desistir de ellos, salvo los relacionados con la Ley de Riesgos del Trabajo1.
Quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años, salvo excepciones contempladas en el régimen1.
Las cifras y el impacto en la estructura estatal
La mayor parte de la reducción de empleos provino de la administración centralizada y descentralizada, aunque las empresas estatales también tuvieron un papel relevante. El personal militar y de seguridad tuvo una incidencia menor en el total1.
El mecanismo de retiro voluntario implica la eliminación del cargo presupuestario, no solo una compensación económica, por lo que la vacante no permanece disponible dentro de la estructura de cada dependencia1. Los efectos finales del plan dependerán de cuántas adhesiones sean aprobadas y la fecha efectiva de las desvinculaciones, ya que los datos difundidos hasta agosto de 2026 no reflejan aún el resultado de la convocatoria1.
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital a partir de estas fuentes:
Redacción Columna Digital. Es posible que en la preparación de esta nota se hayan usado herramientas de inteligencia artificial para reunir fuentes, procesar datos, corregir o redactar textos, bajo la supervisión del equipo de Redacción.
Datos basados en información reportada originalmente por Infobae.






Deja un comentario