La práctica de “conseguir un niño” existió siempre, con complicidad de parteras y registros civiles y silencio de la sociedad. Los represores de la dictadura argentina (1976-1983) montaron en ese viejo engranaje su sistema de robo de bebés a militantes políticas torturadas y asesinadas en sus centros clandestinos de detención. Pero el tráfico, las apropiaciones y adopciones continuaron en paralelo, fuera de los cuarteles. Así lo prueba la abrumadora cifra de nacidos durante el periodo del terrorismo de Estado que tienen documentación irregular y buscan su origen. Enfrentan un problema extraordinario: como no se los considera hijos de desaparecidos, no integran el Banco Nacional de Datos Genéticos [BNDG], que desde el retorno de la democracia ha permitido a las Abuelas de Plaza de Mayo identificar a muchos de sus nietos nacidos en las mazmorras militares.
El BNDG abrió en 1987. En 35 años, el cotejo de las muestras biológicas de las familias de desaparecidos por la dictadura y personas que dudaban de su identidad permitió identificar sin margen de error a 130 de unos 500 nietos buscados por Abuelas. Pero el proceso acumuló en el camino más de 12.500 resultados negativos: personas que crecieron con la identidad sustituida, pero no son los nietos buscados. El problema para ellos es que, tras el informe negativo, no tienen otras opciones para rastrear su origen. Y el problema para el Estado es que estos casos crecen de a 100 al mes, mientras los nietos –razón de ser del BNDG– han dejado de aparecer. El último anuncio fue hace dos años y medio.
Pero algo está cambiando, poco a poco. Doce casos negativos del BNDG recibieron una buena noticia: sus madres estaban vivas. No están desaparecidas ni lo estuvieron. La identificación fue posible porque el organismo sumó a su archivo de familias que buscan nietos robados por los militares, otro de madres, que buscan hijos robados por fuera del terrorismo de Estado. Las cifras fueron confirmadas a el paìs por Mariana Herrera Piñero, directora del BNDG desde 2015, aunque advirtió que “son dinámicas”. La suma de reencuentros evidencia el potencial de esta apertura parcial del archivo de ADN del BNDG.
Los primeros casos llegaron vía judicial y permitieron resolver desde 2009 historias en Rosario, Tucumán, Buenos Aires y Neuquén. Esto es: mujeres que encuentran hijos e hijos que recuperan la identidad. Hechos sin correlato con la dictadura. En un caso de 2018, la justicia pidió comparar con los casos negativos del BNDG la sangre de una empleada doméstica que buscaba a una beba nacida en 1976 en Vicente López (extrarradio de Buenos Aires), arrancada por sus jefes y entregada a una pareja. Amenazada por ellos con perder también a su hijo mayor, calló por décadas. El cruce fue exitoso: su hija dudaba de su origen y había pedido que se la comparase con el banco de ADN del BNDG.
Una ley de identidad amplia
El icónico BNDG es la caja de resonancia de un gran conflicto. En 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la ley que lo rige se endureció para optimizar su meta: encontrar a los nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo. Para los activistas del derecho a la identidad (un coglomerado de ONGs y comunidades virtuales heterogéneas) aquella ley fue una decisión arbitraria. Ellos consideran que este laboratorio, que depende del Ministerio de Ciencia, debería tomar todos los casos, con o sin relación con delitos de lesa humanidad.
“El reclamo y la demanda son genuinos. Pero ¿cómo se tienen que vehiculizar? Es más complejo que un análisis genético. Es una discusión mayor”, dice Herrero Piñera. “Debe haber un compromiso del Estado para que no haya más organismos administrativos cómplices de la apropiación, y una ley federal de identidad de origen. El BNDG podría ser el centro, pero que participen los laboratorios forenses de las provincias y alimenten una base de datos común”.
¿Es posible, entonces, abrir el BNDG a toda la comunidad? “La búsqueda en el BNDG es efectiva porque se limita a unos 500 grupos familiares, más estas madres que buscan”, advierte Herrero Piñera, actual directora del banco genético. “Pero si se abriera a otros períodos el universo sería enorme y la búsqueda, más compleja. Procesar esas muestras sería imposible con sus recursos humanos y tecnología, y llevaría al fracaso. Pero una ley donde el BNDG, con su experiencia e idoneidad, administrara la base, no vulneraría su actividad y permitiría búsquedas eficientes”, concluye.
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