El aterrizaje de un avión de bandera venezolana en Buenos Aires ha iniciado un inesperado embrollo diplomático. El 6 de junio pasado, un Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur, la subsidiaria de cargas de Conviasa, con sede en Caracas, llegó a Ezeiza desde México con sus bodegas llenas de autopartes. Dos días después, el avión intentó volar hacia Uruguay, pero le denegaron el aterrizaje y volvió al punto de partida. La negativa uruguaya llamó la atención en Buenos Aires. Diputados opositores pidieron informes. El Gobierno revisó la carga y la documentación de la tripulación. El resultado fueron 14 venezolanos y cinco iraníes retenidos en un hotel y un avión que no puede despegar por falta de combustible.
Entender la novela “del avión venezolano-iraní”, como lo llama la prensa, supone desenredar una trama que involucra a cuatro países: Argentina, Venezuela, Irán y Estados Unidos. Según las primeras investigaciones, el Boeing de Embrasur tiene poco tiempo como venezolano: hasta enero pasado y durante 15 años voló para la aerolínea iraní Mahan Air, una empresa sancionada por Estados Unidos. Desde allí advirtieron que cualquier compañía extranjera que le prestase asistencia logística sería castigada. Por eso el avión está varado: ni la petrolera estatal argentina YPF ni Shell quisieron venderle combustible. Un avión postrado por falta de gasolina ya es una historia, pero hay más.
El vuelo de Emtrasur partió de México hace una semana con sus bodegas cargadas de repuestos para autos. Dos pilotos iraníes se pusieron al mando. Las autoridades argentinas no encontraron nada raro en la documentación y permitió el aterrizaje. La carga era la declarada y la lista de tripulantes no llamó la atención. Al menos hasta este lunes. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, admitió que “con posterioridad al ingreso” del avión, “se reciben, por distintos canales, información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán”. La situación se tornó sumamente delicada. EE UU considera a Al Quds grupo terrorista. Argentina acusa a miembros de Al Quds de estar detrás del atentado que en 1994 voló por los aires la sede de la mutual judía en Buenos Aires, AMIA. 85 personas murieron en el ataque, el peor que registra Columna Digital sudamericano.
La atención está puesta sobre uno de los tripulantes del avión, llamado Gholamreza Ghasemi Abbas. “Es familiar del ministro de Interior de Irán y su nombre coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria y administrador de una empresa ligada Al Quds”, dijo el ministro Fernández. “Si ustedes me preguntan si es él, no lo sé, coincide el nombre. El resto es un análisis que haremos en conjunto con Migraciones y seguramente la Policía de Seguridad Aeroportuaria hará lo propio”, dijo.
¿Qué hace Gholamreza Ghasemi Abbas en Buenos Aires, a bordo de un avión de carga venezolano? ¿Por qué una aeronave que necesita cinco tripulantes transportaba a 19? Esas preguntas se hizo la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que pidió a la justicia investigar la aeronave y su pasaje. Según la hoja de ruta del avión de Emtrasur, durante el último mes aterrizó en Paraguay (donde dejó una carga de cigarrillos), además de Bielorrusia, Teherán, Moscú. Para el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, “los terroristas hacen ensayo y error”. El vuelo tendría, bajo esta lectura, la misión de medir la capacidad de control de distintos aeropuertos. “Un avión venezolano ya es para preocuparse. Un avión iraní también es para preocuparse. Un avión venezolano iraní es para preocuparse más”, dijo Knoblovits. “Irán es un Estado terrorista. En este país hay dos atentados terroristas impunes, a la embajada de Israel y la AMIA”, agregó.
La comunidad judía es muy crítica de la investigación que Argentina ha hecho de los atentados. Y mucho más de la relación del kirchnerismo con Venezuela e Irán. La DAIA no perdona a Cristina Kirchner el memorando que firmó en 2013 con Teherán que intentaba facilitar la declaración de los iraníes acusados del atentado, muchos de ellos altos funcionarios del Gobierno. El texto fue aprobado por el Congreso argentino, pero nunca entró en vigor porque el Parlamento de Irán lo rechazó. Le costó, sin embargo, una causa judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo cargos de encubrimiento. El fiscal que la investigó, Alberto Nisman, apareció muerto en su departamento cuatro días antes de presentar su informe ante diputados, en circunstancias que aún no están claras.
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