El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inicia este miércoles el juicio al expresidente del Parlamento catalán y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, y a tres exdiputados miembros de la Mesa de la anterior legislatura (2018-2020) por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). El alto tribunal advirtió a los políticos independentistas que no podían tramitar dos resoluciones parlamentarias, una a favor de la autodeterminación y otra de reprobación de la monarquía, que la cámara acabó aprobando en noviembre de 2019 como respuesta a la publicación de la sentencia del procés.
La Fiscalía acusa a los cuatro investigados de haber admitido a trámite ambas resoluciones “con manifiesta y previamente concertada voluntad de infringir el mandato inequívoco” del TC a pesar de la “oposición” del resto de diputados de la Mesa. El ministerio público pide un año y ocho meses de inhabilitación a Torrent, Eusebi Campdepadrós (JxC) y Josep Costa (ERC), además de una multa de 30.000 euros. Para Adriana Delgado (ERC) solicita una pena menor ya que solo participó en una de las tramitaciones (16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa).
Es la segunda vez que se sientan en el banquillo varios miembros de este órgano parlamentario por desobediencia al Constitucional. Hace dos años, el TSJC condenó a 20 meses de inhabilitación a cuatro diputados de la Mesa por permitir la tramitación de las resoluciones que derivaron en el referéndum ilegal de 2017 y la DUI.
La incógnita de Josep Costa
Costa, exvicepresidente primero de la cámara, podría provocar una situación comprometida si no se presenta ante el tribunal, como ya hizo anteriormente. El exdiputado, que se niega a reconocer la autoridad del TSJC para procesarlo, fue detenido por no presentarse a declarar como imputado en septiembre junto al resto de investigados en la causa penal. En esta ocasión, aunque el TSJC quería asignarle un abogado de oficio, Costa ha conseguido defenderse personalmente. Podría ser juzgado en ausencia si no acude a la cita judicial, como lo fue el expresidente Quim Torra, porque su condena de inhabilitación es menor a seis años. Sin embargo, la Ley no prevé que el juicio se celebre si su defensa no está presente, ni tampoco permite detener a un acusado que afronta penas menores para obligarle a comparecer, a diferencia del episodio de septiembre, donde era imputado.
Dos jueces apartados del caso
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El juicio fue aplazado en julio porque se retiró del tribunal al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, porque había quedado dañada su “apariencia de imparcialidad”: el juez abandonó en 2018 un acto público en Barcelona donde Torrent habló de “presos políticos”. Un mes después, el alto tribunal catalán también apartó por sospechas de parcialidad al magistrado Carlos Ramos debido a algunas expresiones empleadas en un auto. La Fiscalía presentó un incidente de nulidad para anular esta segunda acción. Debido a esta solicitud, las defensas de los procesados pidieron la semana pasada suspender el juicio, pero el TSJC ha mantenido la fecha prevista.
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