Cuatro años después de una sonada operación policial que alumbró el llamado caso Alquería, ha comenzado este lunes el juicio contra el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y otros 13 acusados de malversación y prevaricación por, supuestamente, haber creado una cúpula directiva paralela en la empresa pública Divalterra para beneficiar a militantes y simpatizantes del PSPV y Compromís, que gobernaban en coalición la corporación provincial y otras administraciones dentro de los acuerdos del Botànic. Las defensas se han quejado de la instrucción, que han calificado de “inquisitorial”.
Tras el derrumbe electoral en los comicios de 2015 de los gobiernos del PP bajo la sombra de una larga etapa de corrupción, esta fue la primera gran operación contra los llamados gobiernos del cambio. La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión (que la acusación particular, que ejerce el PP, dobla) para Rodríguez y sus principales colaboradores, entre los que están su jefe de gabinete, Ricard Gallego, el asesor Manuel Reguart, y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV). Los hechos que se juzgan sucedieron el primer año de legislatura.
Rodríguez, entonces alcalde de Ontinyent por el PSPV y presidente de la Diputación, ha asegurado que ha llegado “el momento de tratar de hacer justicia y de explicar qué es el caso Alqueria”. Se trata “de la posibilidad de que haya siete contratos irregulares”, ha limitado. El ahora primer edil de Ontinyent por una formación que creó cuando fue dado de baja en el partido socialista, ha precisado que es el volumen del dinero cobrado por esas personas en tres años (“en los que fueron a trabajar”, ha remarcado), lo que explica que se haya convertido en un proceso penal. La Fiscalía cifra el perjuicio económico para las arcas públicas en 1′1 millones de euros.
“Siempre hemos pensado que era algo mucho más propio de un juzgado contencioso-administrativo pero que, desgraciadamente, tras una detención espectacular, ha acabado en juicio. Ahora, después de casi cuatro años, empezamos a ver la luz al final del túnel. Siempre he tratado de dar explicaciones. No es un caso complejo, no es nada del otro mundo. Hablamos de siete contratos que pueden o no ser irregulares”, ha defendido Rodríguez, que ha asegurado que trataron, creando siete áreas de trabajo, “poner orden en el caos” que era la empresa Divalterra, la antigua Imelsa, escenario del caso Taula.
De hecho, el caso Alquería nació de una denuncia de dos trabajadores de la empresa provincial que se vieron perjudicados en su posición orgánica y económica cuando se creó una nueva dirección y que, hasta entonces, formaban parte de la cúpula de la empresa provincial en la etapa del PP, cuando Marcos Benavent, el yonki del dinero, era gerente de Imelsa.
Teléfonos, tabletas y correos
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En esta primera jornada, la defensa de Rodríguez ha reclamado insistentemente en que se declaren violados sus “derechos fundamentales”, al entender que fue innecesaria su detención, legal pero sin orden judicial y que se extendió durante 31 horas. La petición se ha realizado, según su defensa, en previsión de que el expresidente de la Diputación inicie acciones legales contra los responsables de su detención.
Además, ha reclamado que el proceso se retrotraiga a la fase de instrucción al no haber podido las defensas interrogar a esos denunciantes y a otros testigos, lo que impidió que se sometiera esos testimonios “a contradicción”. También que los acusados declaren en el juicio al final, tras las pruebas testificales y periciales.
Igualmente se ha solicitado la nulidad de todas las pruebas obtenidas de los distintos dispositivos electrónicos intervenidos y del volcado de los correos electrónicos al no haberse hecho, en su opinión, con la concreción al asunto investigado que estableció el auto judicial y haberse hecho la posterior selección (siete de diez mil, en su caso) según el criterio propio la UDEF. Las defensas han calificado de “inquisitorial” la manera en la que se ha dirigido el proceso, en palabras de Javier Boix, abogado de Agustina Brines.
Otras de las cuestiones previas reclamadas por las distintas defensas han sido la expulsión del PP como acusación particular por “falta de legitimidad” y también de Acción Cívica, y la citación como testigos, entre otros, de José Manuel Orengo, exjefe de gabinete de Rodríguez y parte activa en los pactos de la reestructuración de Divalterra; y del actual presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Toni Gaspar, y de varios diputados provinciales de aquella época, entre ellos, la actual ministra de Ciencia, Diana Morant.
De ‘delfín’ político caído, a rey de taifa
Suspendido de afiliación en el PSPV-PSOE tras su detención en junio de 2018, Ferraz, con el exministro José Luis Ábalos como secretario de Organización, vetó la candidatura de Rodríguez para repetir en mayo de 2019 como candidato a la alcaldía de Ontinyent, una decisión que contradijo la del PSPV, que se había agarrado al secreto de la causa para mantenerlo como cabeza de lista, dado el gran tirón electoral que mantenía.
El entonces delfín socialista a la sucesión de Puig, dejó el partido y creó el partido La Vall ens uneix, con el que arrasó en las municipales de mayo de 2019, al repetir la mayoría absoluta que ya tenía, pasando de los 14 concejales que tenía con el PSPV a los 17 actuales. Los socialistas se quedaron sin representación. Preguntado por si regresaría al PSPV si sale absuelto ha despejado dudas: “No es algo que me plantee ahora mismo, estoy centrado en el juicio y en que todo acabe lo mejor posible”, ha explicado.
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