La reciente captura de Ricardo Thompson Navarro, socio de Ingemar, ha intensificado la ofensiva del Gobierno federal contra el llamado huachicol fiscal. Este esquema delictivo permite que cargamentos de gasolina y diésel ingresen al país bajo la fachada de otros productos, como aceites minerales o aditivos, con el fin de eludir el pago de impuestos.
Los operativos se llevaron a cabo en diversas aduanas de Tamaulipas, incluyendo Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa. La Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, ha afirmado que existen pruebas contundentes en contra del ex Gobernador Ruffo, junto a otras 25 personas que supuestamente lideraban esta red logística y financiera dedicada a la introducción, distribución y comercialización irregular de hidrocarburos.
Los datos proporcionados por la FGR revelan movimientos inquietantes: las empresas involucradas registraron ingresos por 3,075 millones de pesos a través de 80 cuentas bancarias, además de operaciones en el extranjero ascendente a casi 1,400 millones de dólares. En este contexto, se emitió una orden de aprehensión contra Ruffo, mientras que los otros individuos implicados están localizados en estados como Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
Godoy subrayó el papel clave de Ingemar, empresa fundada por Ruffo, que se destacó en la operación inicial del tráfico de combustibles. Otras siete compañías colaboraban en el transporte de gasolina proveniente de Texas hacia los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas.
Entre enero y julio de 2025, se documentaron más de 4,200 operaciones de importación de combustibles por parte de esta red, las cuales presentan discrepancias significativas en las cantidades declaradas. En lugar de los volúmenes reales, se reportaban cifras menores o, en ocasiones, se registraban productos completamente diferentes para evitar pagar impuestos.
Apenas anoche, Ruffo fue trasladado a la Ciudad de México por la FGR. A medida que avanza esta investigación, el impacto de estas operaciones se torna cada vez más evidente, dejando al descubierto una red de corrupción que involucra vastos recursos y complicidades a nivel regional y nacional. La batalla contra el huachicol fiscal continúa, y el desarrollo de este caso podría marcar un hito en la lucha contra la evasión fiscal en el país.
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