La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Ministerio de Cultura se reunió de urgencia solo 24 horas antes de que se subastara el supuesto caravaggio en la Casa Ansorena de Madrid por 1.500 euros, y declaró la pintura inexportable. En una sesión extraordinaria, este organismo dedicado, entre otras funciones, a estudiar los bienes que se pueden vender fuera de España, protegió la obra. La venta frustrada es el episodio más reciente de un relato complejo que España e Italia escriben desde hace siglos. Pocos países presumen de tantos tesoros artísticos. De ahí que los respectivos ministros de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes y Dario Franceschini, coincidieran este jueves en una reunión en Roma en la importancia de proteger un patrimonio tan vasto, en su poder de “cohesión social y territorial” y en su valor como “palanca” económica. La responsabilidad, al mismo tiempo, también es gigantesca: la “conservación y enriquecimiento” de estos bienes es un deber que recogen las dos constituciones.
La tarea de identificar, proteger y exponer tamaño acervo cultural desborda a las dos Administraciones. Y cualquier ladrón de arte lo sabe. A veces, ya sea por fraude o por un simple error, alguna obra maestra se cuela por la frontera y aparece en una colección privada o en algún prestigioso museo extranjero. ¿Cómo se salvaguarda un patrimonio tan inmenso?
“Resulta muy difícil de gestionar y catalogar el patrimonio de España e Italia”, responde Roger Dedeu, abogado experto en Derecho de la Cultura, del despacho Gabeiras & Asociados. La Junta española, formada por 22 miembros y un secretario (del ámbito universitario, del mundo de los museos, archivos, bibliotecas y también de las aduanas, la gestión tributaria y financiera pública, además de representantes de centros públicos), lo intenta. Se reúnen 11 veces al año en pleno, otras 11 para valorar peticiones de exportación y entre una y cuatro ocasiones más para otros trámites. En las sesiones plenarias, de hasta seis horas de duración, pueden valorar, según datos del ministerio, un gran volumen de expedientes: “Entre 300 y 600 páginas”. “Está plenamente cualificada, pero lógicamente no pueden saberlo todo sobre todos los bienes culturales”, explica Laura Sánchez Gaona, abogada especialista en arte y patrimonio cultural que después de años llevando casos de este tipo demanda “más dinero para Cultura para crear los medios necesarios y cruzar información, como hace Hacienda, que es una máquina infalible”.
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