La reciente revelación sobre la creación de una lista de periodistas y defensores de derechos humanos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas ha desatado una ola de preocupación. La organización Artículo 19 México ha expresado su firme condena ante este hecho, que no solo pone en riesgo la privacidad y seguridad de las personas implicadas, sino que también lanza un oscuro velo sobre la libertad de expresión en la región.
El preocupante documento, que categoriza a individuos críticos con la administración estatal, fue presuntamente utilizado como herramienta de bloqueo informativo durante el Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, celebrado el 8 de septiembre en el Palacio de Convenciones de Zacatecas. Testigos han indicado que el personal de seguridad del evento tenía copias impresas de esta lista, lo que permitió identificar y restringir la entrada de aquellos incluidos en ella.
El contenido de las fichas es alarmante: nombres, fotografías, números telefónicos, domicilios, características de vehículos y hasta datos sobre el estado de salud de algunas personas. La información no se limita a lo técnico; también se incluye un perfil sobre las actividades políticas y de protesta de los mencionados, lo que sugiere una vigilancia exhaustiva y preocupante.
Frente a la magnitud de estos actos, Artículo 19 ha exigido al gobernador Monreal Ávila, así como a las autoridades involucradas, que aclaren el origen y el propósito de estos documentos. ¿Cuántas personas han sido perfiladas? ¿Qué categorías de datos fueron recogidos y desde cuándo existen? Estas son solo algunas de las preguntas que deben ser respondidas con urgencia, sobre todo en un contexto donde la vigilancia estatal puede disuadir el cuestionamiento legítimo del poder público.
El clamor por la transparencia y la rendición de cuentas es más urgente que nunca. Los datos recopilados y compartidos sin el consentimiento de los afectados no solo son una violación de la privacidad, sino que también pueden tener consecuencias devastadoras para la salud democrática de la región.
La denuncia de Artículo 19 no es solo un llamado a la justicia, sino un recordatorio de que la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales de cualquier sociedad democrática. La ciudadanía merece saber cómo y por qué se están perfilando a aquellos que alzan la voz y defienden la verdad.
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