Asamblea venezolana elige fiscal afín al chavismo

El Parlamento de Venezuela ha tomado una decisión trascendental al designar a Larry Devoe como nuevo fiscal general durante una sesión reciente. Esta designación se produce en un contexto político convulso, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de fuerzas estadounidenses, lo que ha desencadenado una serie de cambios en altos cargos del gobierno.

Devoe, quien ya había estado en funciones como fiscal encargado desde el 25 de febrero, es un funcionario estrechamente vinculado al chavismo. Antes de su nombramiento, había liderado el estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, una entidad encargada de coordinar las políticas públicas en esta área. Durante su intervención, destacó su compromiso con un sistema de justicia penal que enfrente la criminalización de la pobreza, un enfoque que, según sus palabras, busca estar “a la altura de nuestro pueblo”.

La diputada oficialista Carolina Carreño calificó a Devoe como un candidato excepcional, resaltando sus credenciales académicas, éticas y morales. No obstante, su elección ha encontrado resistencia. Henrique Capriles, reconocido opositor y dos veces candidato presidencial, manifestó su desacuerdo al considerar que es esencial colocar en las instituciones a personas sin militancia política y que trabajen por el bienestar del país.

Adicionalmente, la sesión parlamentaria no solo se limitó a la designación de Devoe, sino que también se aprobó una nueva ley de minería, la cual favorece la inversión extranjera, un movimiento que podría tener implicaciones significativas para la economía venezolana en el futuro. Asimismo, se nombró a Eglée González Lobato como defensora del pueblo, una figura igualmente crucial en el marco de estas reestructuraciones institucionales.

A medida que se desarrollan estos cambios, el enfoque en la independencia y la transparencia en las instituciones sigue siendo un tema crucial en la discusión política del país. La dirección que tomen estas nuevas designaciones podría tener un impacto profundo no solo en la justicia, sino también en la percepción internacional de la gobernabilidad en Venezuela.

Estos acontecimientos, registrados el 9 de abril de 2026, invitan a un análisis cuidadoso sobre el rumbo que podría tomar el país en el contexto actual, donde la estabilidad y el respeto a los derechos fundamentales son más relevantes que nunca.

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