Un nuevo homicidio sacude las elecciones mexicanas del 6 de junio. Abel Murrieta era candidato del Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cajeme (Sonora) antes de ser asesinado a balazos en la tarde de este jueves en dicho municipio mientras se dedicaba a la campaña electoral. El político, de 58 años, cayó tendido en la calle con los papeles esparcidos alrededor de su cuerpo. El coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda Hoeflich, envió un tuit en el que le calificó de “hombre honorable de trayectoria intachable”. La Fiscalía General de Estado informó de un operativo en marcha para dar con los criminales. En el ataque también resultó herida una mujer, según los primeros reportes periodísticos.
Murrieta era el abogado de la familia LeBarón, que en noviembre de 2019 fue objeto de un brutal atentado en el que perdieron la vida nueve de sus miembros, mujeres y niños que viajaba en furgonetas por Chihuahua. El vocero de los LeBarón, Iván García Reyes, en conversación telefónica con este periódico, ha lamentado lo sucedido y reclamado a las autoridades que no descarten en sus investigaciones las posibles conexiones de ambos casos. “La familia está dolida y consternada. Sabíamos que Abel se presentaba a la campaña electoral, solo le habíamos pedido que no nos dejara solos”, ha dicho. Y ha asegurado que nunca se desentendió del caso, que seguía siendo un “excelente profesional que pasó de abogado a gran amigo. Era el que más sabía de este caso”.
Terriblemente dolido se ha expresado también Adrián LeBarón, que perdió una hija en aquel ataque armado. “Se me fue un gran maestro, como Platón era para Sócrates, aprendí mucho con él, estamos todos aquí llorando”, ha dicho por teléfono. “Estuvo en mi casa, yo comí sándwiches con él, era un hombre sencillo. Yo no sé qué voy a hacer, ojalá no pierda las esperanzas de justicia. Todos los licenciados que hablaban conmigo me decían: con Abel Murrieta sí se puede. Todavía le veo con su cuadernito, porque no dejaban grabadoras. Él me ayudó, era mi amigo, mi hermano. Me enseñó a leer las declaraciones de los vinculados, las carpetas de investigación. Voy a ir a ese entierro a dar un abrazo a su esposa. Cómo voy a hacer yo ahora para que no se me pelen los que ya están adentro”, dice en relación con los cinco encarcelados por el crimen que sacudió a su familia. Adrián LeBarón echa la culpa a alcaldes y responsables de seguridad de la zona: “Este crimen tiene 20 ángulos, y todos son correctos. Yo no quiero saber por qué lo mataron, solo sé que lo mataron”, lamenta de nuevo al teléfono.
Adrián había quedado con su abogado para este viernes a las 11 de la mañana, una cita que le había confirmado la secretaria. Ya no será. “Quedamos en vernos en Tijuana, lo que me tenía que decir no podía hacerlo por teléfono”, dice. “En esta investigación hay todavía muchos cabos sueltos”. “Yo no sabía hacer nada si él no me agarraba de la mano”, añade compungido. Y dice que sus hijos en Estados Unidos no dejan de llamarle por teléfono para lamentar lo ocurrido.
Pero lo ocurrido no es nuevo en México. Los últimos datos recabados por Etellekt Consultores, correspondientes al mes de abril, indican que las agresiones de toda clase contra candidatos y sus allegados en esta campaña electoral la igualan ya con la de 2000, la convocatoria más violenta en los últimos tiempos en México. Los asesinatos, sin embargo, son aún inferiores en cifras, con 83 políticos asesinados, 32 de ellos aspirantes. La violencia está disparada. A los homicidios hay que añadir los intentos frustrados, las amenazas, extorsiones, secuestros, tanto a candidatos como a sus familiares y colaboradores. Las agresiones suponen ya un 64% más que en el mismo periodo de la pasada campaña de 2018.
El Gobierno anunció recientemente un plan para la protección de los políticos, debido a los numerosos homicidios que enfrentan en periodo electoral, una falla democrática que nubla la campaña. El último reporte federal indicaba que 234 candidatos habían pedido protección y que se habían abierto 92 investigaciones. Muchos no denuncian su situación porque tienen miedo de revelar sus movimientos y lugares de campaña ante la fiscalía, sostienen en Etellekt. La violencia es inesperada y nunca se sabe de dónde viene. Pero sí que afecta sobre todo a quienes se postulan para presidencias municipales, donde el cacicazgo está más presente. Un juego de intereses oscuros en los que la política se mezcla estrechamente con la economía.
Se acercan los comicios y la violencia no cesa. A los cabeza de cartel hay que añadir otros colaboradores y familiares que han perdido la vida por motivos similares. 91 funcionarios relacionados con desempeños de seguridad u otras tareas han sido asesinados. Y 28 familiares y cuatro colaboradores directos de políticos tampoco ha sobrevivido para el recuento del 6 de junio. La mayoría de los asesinados, el 88% eran opositores al gobierno de turno allá donde competían, según Etellekt. El nombre de Abel Murrieta y su condición de abogado de los LeBarón, suma violencia a la violencia y deja interrogantes que van más allá de la contienda política.
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