La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el 4 de noviembre una investigación integral sobre las contrataciones y el ejercicio del gasto público en el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) desde el año 2000 hasta 2025, tras detectar lo que calificó como 'irregularidades históricas' en el manejo de recursos públicos electorales1, 2, 3.
El organismo fiscalizador, encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que la revisión se centrará en identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales, en respuesta a señalamientos recientes y a solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar las contrataciones del INE, especialmente desde 20141, 2, 3.
Lo que había pasado: El 23 de octubre, la ASF abrió una investigación de oficio sobre el INE por indicios de irregularidades y triangulación de recursos en contrataciones (La ASF investiga al INE por presuntas irregularidades y triangulación de recursos). El 24 de octubre, la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confirmó relevos administrativos y la colaboración del instituto con la ASF tras el inicio de la investigación (El INE anuncia relevos y colaboración tras auditoría de la ASF). El 26 de octubre, la ASF investigaba posibles daños al erario por 69 millones de pesos y contrataciones irregulares en el INE durante la gestión de Taddei (ASF investiga al INE por daños al erario y contratos irregulares).
Alcance de la investigación de la ASF
La ASF detalló que la auditoría abarca 25 años de operaciones, desde el año 2000 hasta 2025, e incluye tanto al INE como a su antecesor, el IFE, y los OPLES de todas las entidades federativas1, 2, 3. La investigación se desarrolla en tres líneas de trabajo: investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio histórico de adquisiciones y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los OPLES2, 3.
El objetivo es identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales, como simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas de un mismo grupo y el presunto uso de compañías fachada1, 3. La ASF también investiga casos donde empresas facturaron cientos de millones de pesos sin contar con personal suficiente o incluso sin empleados registrados3.
Empresas y montos bajo investigación
La ASF señaló que al menos cinco empresas han controlado la producción de material electoral desde la creación del IFE, sin que se hayan implementado cambios para prevenir la concentración de proveedores1.
El auditor superior, Aureliano Hernández, informó que dos grupos empresariales acumularon contratos por 8,870 millones de pesos entre 2014 y 2026, de los cuales 3,790 millones correspondieron a organismos electorales locales y 430 millones al INE3.
Qué sigue en la auditoría
La ASF no ha establecido una fecha para dar a conocer los primeros resultados de estas revisiones3. Las investigaciones en curso buscan determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en los procedimientos de contratación y el destino de los recursos públicos3.
El INE ha manifestado su respaldo a las investigaciones y ha asegurado que colaborará plenamente con la ASF para esclarecer cualquier anomalía detectada3.
Qué significa para México
La investigación de la ASF tiene implicaciones directas para la ciudadanía mexicana, ya que involucra el manejo de recursos públicos destinados a los procesos electorales, un tema central para la transparencia y la confianza en la democracia1, 2, 3.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por El Financiero.
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