La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles operaciones de triangulación y simulación de recursos públicos en el gobierno de Samuel García en Nuevo León, por un monto que asciende a al menos 728.1 millones de pesos, según la segunda entrega de la Cuenta Pública 20251.
El auditor superior Aureliano Hernández Palacios informó que se identificaron patrones de dispersión de dinero público a través de proveedores, con transferencias que presuntamente terminaron en cuentas bancarias de familiares de servidores públicos1.
Cómo operaba la presunta triangulación
La ASF señaló que los recursos públicos se dispersaron mediante pagos a proveedores, quienes posteriormente transfirieron el dinero a cuentas de familiares de servidores públicos1. El auditor explicó que han mapeado cadenas de transferencias con patrones que sugieren posibles actos ilegales1.
En uno de los casos, la administración estatal entregó 5,851 millones de pesos a una constructora, que luego transfirió 5,154.6 millones a otra empresa, y desde ahí se enviaron 385.3 millones a un despacho jurídico fundado por un funcionario o familiar de un funcionario1.
Montos y empresas involucradas
Otro caso presentado por la ASF involucra el pago de 964 millones de pesos a una empresa comercializadora, de los cuales 237 millones fueron transferidos a una compañía de alimentos, que a su vez envió 202.9 millones al mismo despacho jurídico1.
La ASF continúa calculando el posible daño al erario y aún no existe una cifra definitiva sobre los recursos presuntamente desviados, aunque el monto identificado hasta ahora es de al menos 728.1 millones de pesos1.
Antecedentes y sanciones previas
Las operaciones señaladas por la ASF se suman a investigaciones periodísticas que documentaron presuntas transferencias de recursos hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del que Samuel García es socio1.
En 2021, cuando Samuel García era candidato a la gubernatura, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó un mecanismo similar de triangulación de recursos para financiar su campaña, por lo que se le impuso una sanción de 28 millones de pesos1.
Próximos pasos legales
El auditor superior informó que, una vez que se tenga la cifra definitiva del posible daño al erario, se procederá a aplicar los mecanismos legales correspondientes1.
La ASF actúa sobre la conducta detectada y mantiene el proceso de revisión abierto mientras se completan los cálculos y se determina la responsabilidad legal de los involucrados1.
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por Expansión.
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