La Auditoría Superior de la Federación recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fortalecer los procesos para llevar a cabo las acciones de prevención, investigación y persecución del delito de tortura.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2020, argumentó que es necesario continuar con el proceso de emisión de elementos normativos y programáticos que dirijan su operación hacia un mismo fin; así como elaborar diagnósticos sobre su capacidad operativa a fin de cumplir de forma eficaz con sus funciones.
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Por lo que, en opinión de la ASF en 2020, a tres años de emitida la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, las acciones realizadas por la CNDH y la FGR, presentaron áreas de oportunidad para fortalecerse y consolidarse de forma eficaz, ya que, dijo, se requirió contar con todos los elementos normativos y programáticos necesarios para establecer la coordinación entre las autoridades responsables de los tres ámbitos de gobierno, a fin de que exista un trabajo integral a nivel nacional.
“Aunado a que persiste la necesidad de contar con una mayor capacidad operativa tanto en la CNDH como en la FGR e incrementar la cobertura de capacitación para los servidores públicos encargados de la prevención, investigación y persecución de dichos delitos, a efecto de que cumplan con sus funciones de forma eficiente”, subrayó la Auditoría.
En 2017, el pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan ese delito.
La legislación detalla que se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo, al servidor público que incurra en este delito. La pena se aumentará en la mitad, es decir hasta 30 años de prisión, cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescente.
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