La nube no es algo etéreo. Está formada por un conjunto de servidores, discos de almacenamiento y plataformas de seguridad repartidas por centros de datos alrededor del mundo. En ellos se encuentran desde nuestros correos electrónicos hasta las películas que vemos en las plataformas de streaming. Incluso gran parte de los datos de empresas e instituciones están también alojados en la nube.
Esta tecnología es más eficiente respecto al almacenamiento tradicional, pero consume mucha energía. El centro de datos de Madrid de Interxion, uno de los mayores hubs de comunicaciones de Europa desde el que Gigas ofrece sus servicios de cloud, consume cerca de 7 megavatios, el consumo de unos 17.500 hogares. Este nivel de consumo lo sitúa en el quinto puesto de consumidores de la Comunidad de Madrid.
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En el mercado de la nube en Europa aparecen tres nombres que destacan frente al resto: AWS (Amazon), Azure (Microsoft) y Drive (Google). Se estima que entre las tres compañías americanas ofrecen el 75% de estos servicios en Europa. El resto está repartido entre cientos de empresas que ofrecen servicios de cloud, como la española Gigas. Esta gran centralización y dependencia de internet en unas pocas empresas es lo que da lugar a posibles caídas que, aunque infrecuentes, tienen un impacto global, como la que tuvo lugar el pasado 8 de junio.
Pero el verdadero problema del oligopolio de las grandes empresas americanas de la nube en Europa tiene lugar a nivel jurídico y estratégico. Como explica el CEO y cofundador de Gigas, Diego Cabezudo, “no tiene mucho sentido que datos de la administración pública e incluso de seguridad nacional estén en manos de un jugador extranjero, sujeto a las leyes de un país tercero fuera de la UE”.
Por ello, la UE está apostando por Gaia-X, un proyecto para aunar fuerzas entre los distintos proveedores de cloud en europa para recuperar soberanía digital y poder hacer frente a las grandes empresas norteamericanas. “Necesitamos no perder el tren del cloud en Europa para ser un actor relevante y respetar la soberanía digital y la jurisdicción de los datos en la Unión Europea”, asegura Cabezudo, cuya empresa es socia fundadora del proyecto a través de CISPE.
