La investigación sobre el multihomicidio de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al parecer en manos de elementos del Ejército Mexicano, fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) quien de inmediato abrió una investigación.
Fuentes federales confirmaron a Columna Digital que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero comenzó a integrar la carpeta de investigación luego de que este lunes fueron recibidas denuncias por parte de los familiares de las víctimas, quienes acusan que los jóvenes fueron asesinados por elementos de la Sedena.
Sin precisar si la investigación fue iniciada ayer por la tarde de ayer u hoy, las fuentes consultadas por este diario indicaron que a partir de ahora será la FGR la encargada de deslindar las responsabilidades por esta supuesta ejecución extrajudicial.
Hasta el momento, la FGR ni la Sedena han emitido un posicionamiento sobre el asesinato de los jóvenes Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, originario de Estados Unidos.
Uno más, Luis Gerardo N, sobrevivió al ataque, pero se encuentra grave en un hospital de la ciudad.
La Defensa Nacional tampoco ha dado su versión de lo ocurrido durante la mañana del domingo que derivó en la muerte de los cinco jóvenes de entre 20 y 26 años de edad.
De acuerdo con los vecinos de la zona, los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la mañana del domingo cuando los jóvenes se encontraban viajando en una camioneta blanca. Ahí fueron atacados a balazos por elementos de la Sedena, quienes los dejaron en el lugar hasta su muerte.
Más tarde habrían regresado con una grúa de la corporación para remolcar la camioneta en la que viajaban los seis jóvenes, lo que generó fricciones con los locales y provocó un nuevo enfrentamiento a golpes y empujones con los soldados hasta que uno de ellos accionó su arma, ahora hacia al suelo.
El reclamo de los vecinos ocurrió porque, según aseguran, se trató de una ejecución extrajudicial ya que los jóvenes no portaban armas ni agredieron a los militares.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se pronunció en contra del hecho y proporcionó representación jurídica a los familiares de las víctimas, pues no hay indicios para suponer que los jóvenes cometieron algún delito.
“(Los hechos) demuestran una vez más que los militares pasaron por alto el protocolo de uso de la fuerza y dispararon sin haber motivo, sin haber agresión y sin tener en riesgo sus vidas, que es la justificación que regularmente hacen”, refirió su presidente Raymundo Ramos Vázquez.
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