Las relaciones entre Venezuela y Trinidad y Tobago, que habían sido históricamente cordiales, se encuentran en un punto crítico. Este deterioro se ha acentuado tras la acusación de Venezuela sobre la presencia de un grupo de “mercenarios” de Trinidad, así como el arresto de un individuo trinitense en conexión con este evento. La situación se volvió más tensa cuando el presidente Nicolás Maduro denunció la entrada de “terroristas” colombianos armados desde Trinidad y Tobago, sugiriendo que el gobierno de la isla estaba implicado en estos sucesos.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el arresto de un trinitense es parte de un grupo de “terroristas” en un intento de ingresar a su país, aunque no proporcionó información detallada al respecto. Este panorama fue respondido por la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien anunció que su gobierno considerará el uso de “fuerza letal” contra embarcaciones no identificadas que crucen desde Venezuela. Persad-Bissessar instó también a los migrantes venezolanos en su país a regresar a Venezuela, enfatizando un aumento en los delitos relacionados con ciudadanos venezolanos.
Desde el gobierno venezolano, se ha insinuado una posible complicidad por parte de Trinidad y Tobago en estas incursiones, lo que ha generado más tensiones en la relación bilateral. La cancillería de Venezuela no dudó en señalar que la reacción de Persad-Bissessar podía ser interpretada como una colaboración con los “mercenarios”.
A esto se suma la compleja situación migratoria, donde aproximadamente 60,000 migrantes venezolanos han buscado refugio en Trinidad y Tobago, atraídos por la grave crisis económica que atraviesa Venezuela, que ha sido marcada por una caída de su PIB del 80% en los últimos diez años. El éxodo de venezolanos ha sido significativo, con siete millones abandonando su país en busca de mejores oportunidades.
Los problemas de violencia en Trinidad y Tobago también han contribuido a las tensiones. A mediados de abril de 2024, el país salió de un estado de emergencia declarado en diciembre debido a un aumento drástico en la violencia pandillera, que resultó en más de 600 homicidios en el año anterior, convirtiendo a Trinidad y Tobago en uno de los países más peligrosos del mundo según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Aunque ambos países comparten proyectos de gas en el campo Dragón, las sanciones impuestas por Estados Unidos a cualquier entidad que colabore con Venezuela complican aún más la situación, llevándolos a una relación de desconfianza y conflicto. La administración de Donald Trump ha reforzado su postura al respecto, dejando claro su apoyo a Trinidad y Tobago en materia de política exterior respecto a Venezuela.
Este panorama complejo resalta un momento crucial en la relación entre Venezuela y Trinidad y Tobago que podría definir el curso político y social en ambos lados, con implicaciones que van más allá de la política inmediata, afectando la vida de miles de migrantes y la estabilidad en la región.
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