Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H” y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, se enfrenta a un nuevo proceso penal por el delito de desaparición forzada de personas. Esta acusación surge a pocos meses de su detención por otros delitos relacionados con el crimen organizado, revelando la complejidad de su situación legal.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) ejecutó este martes una nueva orden de aprehensión contra Bermúdez, añadiendo un capítulo más a su ya turbulenta carrera. Durante una audiencia, la defensa del exfuncionario solicitó una ampliación del plazo legal, lo que llevó al juez de control a fijar la próxima sesión para el 4 de abril. Mientras tanto, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, garantizando así que Bermúdez permanezca tras las rejas durante el proceso.
El gobernador de Tabasco, Javier May, ha declarado que no se descartan más delitos en contra de Bermúdez, sugiriendo que tanto la Fiscalía General de la República como la del Estado poseen pruebas suficientes para incorporar nuevas acusaciones. “Están integrando todos, se están fortaleciendo todas las carpetas de investigación, aportando pruebas contundentes para poder vincularlo”, comentó May a los medios.
Cabe recordar que, en diciembre del año anterior, un juez de control había autorizado una extensión de tres meses más para la investigación complementaria en contra de Bermúdez. De esta manera, se anticipa que para finales de marzo de 2026, la fiscalía de Tabasco presentará ante el juez local las evidencias necesarias para formalizar una acusación contra el exsecretario.
Las acusaciones en su contra no se limitan a la desaparición forzada; también enfrenta cargos por extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa. Bermúdez fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y luego expulsado a México, un episodio que resalta la gravedad de su situación.
Con cada nuevo desarrollo, el caso de Hernán Bermúdez Requena no solo refleja las tensiones del crimen organizado en la región, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una atención continua en la investigación de delitos graves en un contexto donde la seguridad pública es una preocupación central. La incertidumbre persiste hasta que la Fiscalía logre presentar una acusación formal, lo que dejará ver la profundidad de las conexiones entre el poder político y el crimen.
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