El reciente secuestro, asesinato e inhumación clandestina de trabajadores de la compañía minera canadiense Vizsla Silver Corp. en Concordia, Sinaloa, ha puesto de manifiesto la creciente inseguridad que enfrentan las empresas mineras en México. Este trágico evento, ocurrido el 23 de enero, resalta la delicada situación en la que se encuentran estas empresas, atrapadas entre la vertiginosa búsqueda de recursos naturales y la amenaza constante de la delincuencia organizada.
Históricamente, el cobro de “piso” a las compañías mineras no es algo nuevo. Desde hace años, académicos especializados en delincuencia organizada han señalado el fenómeno como una de las estrategias adoptadas por diferentes bandas criminales para diversificar sus fuentes de ingresos. En el 2014, el entonces comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ya aludía a la extorsión de mineras, que constituía una de las principales fuentes de financiamiento para el Cártel de Los Caballeros Templarios.
Conforme a datos de la Cámara Minera de México (Camimex), las empresas que operan en áreas remotas son blanco fácil de diversos delitos, que van desde robos a instalaciones hasta asaltos durante el transporte de materiales. Este clima de inseguridad ha llevado a las compañías a destinar recursos significativos a la seguridad privada; en 2024, se destinaron 105.7 millones de dólares y se prevén 108.7 millones de dólares para 2025. Este gasto representa hasta el 5% de los costos totales y hasta un 7% en pérdidas, lo que afecta la competitividad del sector.
No es de extrañar que la inseguridad se convierta en un factor crítico cuando se evalúa la inversión en el país. En su informe de 2023, el Instituto Fraser ubicó a México en la posición 74 de 86 respecto a seguridad, un descenso alarmante desde el puesto 37 de 62 que ocupaba el año anterior. La presencia activa de cárteles y la insuficiente protección por parte de las autoridades son dos factores que han deteriorado la imagen del país como destino de inversión.
El caso de Vizsla Silver Corp. ilustra aún más el desafío que enfrentan estas empresas. Tres días antes del secuestro, la compañía había reportado la viabilidad de su proyecto en Panuco, destacando su potencial para generar 1,800 millones de dólares en metales. Sin embargo, tras los eventos de violencia, las acciones de la empresa cayeron de 9.26 a 5.25 dólares en menos de dos semanas, reflejando el impacto directo que la inseguridad tiene sobre la percepción de los inversores.
Un aspecto preocupante es la relación de algunas empresas mineras con organizaciones criminales. Existen informes que sugieren que algunas compañías contratan servicios de seguridad de expertos extranjeros para negociar con grupos delictivos, ya que los reglamentos de las bolsas de valores les prohíben cualquier trato con criminales. Gustavo Álvarez, consultor en comunicación corporativa, señala que este tipo de acuerdos son comunes, y la ruptura de tales pactos puede llevar a consecuencias trágicas, como ocurrió en este caso.
Las organizaciones criminales optan por extorsionar a las compañías mineras porque el dinero que pueden obtener de una sola mina supera lo que colectarían al extorsionar a un grupo de comerciantes. El análisis de Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, destaca que no solo el Cártel de Sinaloa, sino también otras organizaciones han incursionado en la extorsión de las mineras a lo largo del país.
El entorno criminal en el que operan las mineras está redefiniendo la industria. La reciente violencia en Concordia subraya la necesidad de un enfoque más sólido y estratégico en la colaboración entre el sector privado y las autoridades gubernamentales. La situación demandará que se establezcan mesas de trabajo permanentes para abordar estos problemas y crear un clima de inversión más seguro.
En resumen, la minería en México enfrenta un desafío monumental en medio de la violencia del crimen organizado. A medida que las empresas buscan operar en un entorno cada vez más peligroso, la pregunta sobre cómo restaurar la confianza y la seguridad en el sector se vuelve cada vez más urgente. Con un panorama tan volátil y complejo, el futuro de la minería en México dependerá de una respuesta eficaz y coordinada ante la violencia.
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