Las tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han visto un incremento preocupante del 3.7% en el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De enero a abril de este año, se registraron 3,836 incidentes, un aumento notable en relación a las 3,699 tomas reportadas en 2025. Este aumento representa 137 nuevas pinchaduras, revelando una persistente inquietud en el manejo de recursos energéticos en el país.
Hidalgo se mantiene como el estado más afectado, con una alarmante cifra de 986 tomas clandestinas en los primeros cuatro meses de 2026. En el ranking de incidencia le siguen Jalisco con 740 casos, Puebla con 362, el Estado de México con 329, Guanajuato con 304, Querétaro con 263 y Nuevo León con 214. Aunque Hidalgo lidera en números absolutos, Michoacán destaca por un aumento porcentual impresionante del 155.56%, pasando de solo nueve tomas en 2025 a 23 en 2026, lo cual señala una grave tendencia emergente.
No obstante, algunas entidades han visto reducciones significativas en los incidentes. Sonora encabeza esta lista, disminuyendo de 18 a solo cuatro tomas clandestinas, una caída del 77.78%. Coahuila sigue con una reducción del 68.46%, pasando de 130 a 41 tomas, mientras que Tlaxcala y Tamaulipas también reportan caídas significativas en sus cifras.
Las cifras sobre el incremento de tomas clandestinas son alarmantes y ponen de manifiesto la debilidad institucional que persiste en el país. Expertos como Nancy Canjura, vocera de Causa en Común, han apuntado que este delito representa una grave pérdida económica para el Estado, evidenciando fallas en la estrategia de prevención y control de la infraestructura de Pemex. A pesar de los esfuerzos en políticas de trazabilidad del combustible, los problemas estructurales en la coordinación de instituciones siguen siendo evidentes y preocupantes.
El impacto de estos incidentes es demoledor, no solo por las pérdidas económicas, sino también por las consecuencias fatales que han tenido para las comunidades locales, donde han ocurrido explosiones y accidentes devastadores. Además, se ha mencionado que el crimen organizado ha encontrado en el robo de hidrocarburos un medio lucrativo para financiar sus operaciones, lo que les permite expandir su control territorial.
Por otro lado, la falta de transparencia en la información oficial sobre el combate al robo de combustible ha generado desconfianza. Vicente Sánchez, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ha cuestionado la credibilidad de los reportes públicos, sugiriendo que las discrepancias en las cifras no han sido aclaradas adecuadamente por el gobierno.
En este contexto, el fenómeno del robo de combustibles no solo se limita a las perforaciones en ductos, sino que incluye la identificación de puntos vulnerables y la creación de redes de corrupción dentro de las instituciones encargadas de la vigilancia. La operación de estas redes delictivas es complejo y se lleva a cabo con complicidades que es urgente erradicar.
Con estos datos a la vista, la preocupación sobre el rumbo del combate a estos delitos no puede ser ignorada. Las autoridades tienen la responsabilidad de actuar decididamente, fortaleciendo sus estructuras y recursos para evitar que el robo de hidrocarburos siga dañando al país. Es imperativo un abordaje integral que contemple tanto la prevención como el desmantelamiento de las redes delictivas que operan en este ámbito crítico para la seguridad nacional.
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