María José Estupiñán, una joven universitaria de 22 años, fue asesinada a tiros el pasado 15 de mayo en su propia casa en Cúcuta, ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. El agresor, que se presentó en la vivienda simulando ser un repartidor, le disparó frente a su madre, en un ataque que hoy es investigado por las autoridades como un feminicidio. Detrás del crimen hay una historia de violencia de género que la víctima ya había denunciado: su expareja, según informes oficiales, había sido previamente condenada por maltrato y, apenas un día antes de su asesinato, fue sentenciado a indemnizarla con 30 millones de pesos colombianos, unos 6.390 euros.
La joven, además de estudiar en la universidad, era creadora de contenido en redes sociales. Su cuenta principal de Instagram, ahora cerrada al público, acumulaba poco más de 7.000 seguidores, mientras que otros perfiles comerciales donde promocionaba ropa deportiva y accesorios sumaban más de 7.700. Aunque su presencia digital no era masiva en comparación con otras figuras del entorno virtual, su muerte ha generado especial atención por las similitudes con otro feminicidio ocurrido 48 horas antes, esta vez en México.
En Guadalajara, la influencer y modelo Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza. El agresor ingresó al local, preguntó por ella y le disparó en plena retransmisión, ante la mirada atónita de sus seguidores. La Fiscalía del Estado de Jalisco también investiga este asesinato como feminicidio. Márquez contaba con más de medio millón de seguidores en Instagram y alrededor de 100.000 en TikTok, cifras muy superiores a las de Estupiñán, pero compartía con ella el mismo perfil: jóvenes, visibles en redes, víctimas previas de violencia de género.
Estos crímenes han vuelto a encender el debate sobre el peligro que enfrentan las mujeres latinoamericanas expuestas públicamente en redes sociales. Sociólogas como Dora Barrancos, exdirectora del CONICET en Argentina, consideran que estas muertes no son hechos aislados, sino consecuencia directa del odio hacia mujeres que se muestran libres, influyentes y empoderadas. “Es justamente la condición de exposición pública de estas mujeres y su capacidad de incidir lo que ha acentuado el deseo de su exterminio”, señaló Barrancos, advirtiendo que podría tratarse de actos planificados o instigados por personas o redes con profundo desprecio hacia las mujeres.
La hipótesis de un patrón se refuerza al revisar otros casos recientes. En enero de 2023, la ‘tiktoker’ peruana Marilyn Martínez, de 29 años, fue asesinada por su pareja en Lima tras años de denuncias. En abril de ese mismo año, en República Dominicana, la periodista y actriz Chantal Jiménez fue asesinada por su expareja pese a contar con una orden de protección. Al igual que Estupiñán, ambas mujeres habían denunciado a sus agresores con anterioridad y, aun así, las instituciones no lograron protegerlas.
Organismos internacionales como la CEPAL registraron al menos 3.897 feminicidios en América Latina y el Caribe durante 2023, lo que equivale a más de 11 mujeres asesinadas por día. Colombia suma ya 745 casos solo en lo que va de 2024, incluyendo niñas y mujeres trans, lo que refleja una crisis regional que no distingue fronteras. Países como Honduras, República Dominicana y Brasil lideran en tasas de feminicidio, pero la cifra real podría ser aún mayor debido a la falta de registros uniformes y actualizados.
Especialistas como la abogada mexicana Patricia Olamendi insisten en que muchos de estos asesinatos eran previsibles. “El feminicidio se anuncia cuando una mujer denuncia, cuando dice ‘me va a matar’, cuando llega al hospital con lesiones”, advierte, señalando que casi un 40% de mujeres que acuden a pedir ayuda por amenazas de muerte terminan siendo asesinadas. La falta de medidas eficaces, como el uso de dispositivos de control electrónico para agresores, protección permanente o prisión preventiva, sigue siendo una constante en la mayoría de los países.
El impacto mediático de estos casos podría, según Barrancos, tener además un efecto no deseado: el llamado “efecto demostrativo”, donde la difusión masiva de un crimen genera emulación por parte de otros agresores. En un entorno de redes sociales que amplifica todo tipo de contenido, el odio se propaga con rapidez, mientras las políticas públicas avanzan lentamente.
A ello se suma otra problemática vinculada: la exposición de mujeres jóvenes en el narcotráfico. Casos como el de la chilena Sabrina Durán Montero, exlíder narco e influencer asesinada en 2023, o la puertorriqueña Isadora Nieves, conocida como “Pinky Curvy”, muestran cómo la fama en redes también puede convertirse en un factor de riesgo en contextos criminales. Para Olamendi, la delgada línea entre feminicidio y homicidio doloso se difumina cuando las autoridades no aplican correctamente el enfoque de género.
El feminicidio de María José Estupiñán, aunque trágicamente familiar dentro de la estadística de violencia de género, se ha convertido en una alerta más del patrón que se repite y agrava en todo el continente. A medida que crecen las plataformas digitales, también lo hace la exposición, la vulnerabilidad y el silencio institucional. Las mujeres denuncian, pero el Estado no escucha. Y el precio sigue siendo la vida.
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