Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, se reactivó una de sus propuestas más controversiales: el establecimiento de un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos al extranjero. Este impuesto fue aprobado en la Cámara de Representantes tras un debate prolongado, logrando 215 votos a favor y 214 en contra. Esta legislación es parte del amplio proyecto fiscal conocido como “Big Beautiful Bill”, diseñado para sostener los recortes tributarios del primer mandato de Trump y financiar nuevas deducciones. La justificación para este impuesto es compensar el déficit fiscal resultado de dichas políticas y reforzar la seguridad fronteriza.
No obstante, los expertos advierten que los ingresos generados por este impuesto serían marginales en comparación con el notable déficit que las iniciativas económicas de Trump prevén. Según el Comité por un Presupuesto Federal Responsable, se estima que estas propuestas incrementarán la deuda de EE.UU. en más de 5.4 mil millones de dólares en la próxima década. En contraste, el impuesto sobre las remesas podría recaudar cerca de 3,250 millones de dólares anualmente, considerando únicamente las transferencias a México, el principal destino de estas remesas.
En el contexto mexicano, las implicaciones son preocupantes para millones de familias. En 2024, se prevé que las remesas alcancen un impresionante total de 64 mil millones de dólares, superando los ingresos petroleros. Estas transferencias son vitales para más de 10 millones de hogares en México, ya que en localidades pequeñas, de menos de 2,500 habitantes, más de un tercio de estas familias depende de ellas. Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), en estados como Oaxaca, Zacatecas y Chiapas, las remesas representan entre el 10% y el 14% del PIB estatal, lo que significa que cualquier impuesto podría reducir significativamente su capacidad para cubrir necesidades básicas como salud, educación y alimentación.
Además de su impacto sobre las familias más vulnerables, se teme que esta medida incentive la informalidad financiera y favorezca actividades ilícitas. Expertos de BBVA México advirtieron que el incremento en los costos de enviar dinero podría llevar a muchos migrantes a optar por canales informales, lo que incrementaría el riesgo de fraude y lavado de dinero por parte del crimen organizado. La legalización de un sistema más seguro y competitivo para enviar remesas podría verse amenazada por la implementación de este impuesto.
La propuesta también se basa en percepciones distorsionadas acerca de los migrantes indocumentados, quienes según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), aportaron aproximadamente 96.7 mil millones de dólares en impuestos en 2022. Esto refleja una contribución significativa a programas como el Seguro Social y Medicare, aunque estos servicios son inaccesibles para ellos. Más de un tercio de estos ingresos provino de impuestos sobre ventas y consumo, con contribuciones superiores a las del 1% más adinerado de los hogares estadounidenses.
Aunque ciertos estudios indican que podría existir un vínculo entre algunas remesas y actividades delictivas, no hay un consenso claro sobre la magnitud de este fenómeno. Un informe del think tank mexicano “Signos Vitales” sugiere que aproximadamente el 7.6% de las remesas en 2022 podrían haber estado relacionadas con el lavado de dinero, aunque expertos de BBVA enfatizan que no hay pruebas suficientes que respalden la idea de que este fenómeno sea generalizado.
Mientras que son evidentes los desafíos relacionados con una parte de las remesas, es crucial reconocer su importancia como fuente legítima de sustento para millones de familias mexicanas. En lugar de penalizar a quienes sostienen a comunidades enteras, sería más lógico implementar una estrategia de seguridad más eficaz contra el narcotráfico y promover políticas migratorias que faciliten la regularización de migrantes que cumplan con los requisitos necesarios.
Además, el ITEP calcula que si se brindara la oportunidad de legalizar a todos los inmigrantes indocumentados, se podrían generar ingresos fiscales adicionales de 40.2 mil millones de dólares anuales. Esto no solo beneficiaría al gobierno federal sino también a los gobiernos estatales y locales, sugiriendo así que la inclusión podría resultar en mayores ingresos que la exclusión.
En resumen, la propuesta de un impuesto sobre las remesas minimiza la contribución económica de los migrantes, especialmente de aquellos indocumentados, en sectores clave de la economía estadounidense. Esta medida, de avanzar en un contexto de desaceleración económica en EE.UU., podría tener consecuencias aún más graves sobre la capacidad de los migrantes para enviar dinero a sus familias, más allá de la carga del impuesto mismo. El riesgo real para las remesas radica no en el impuesto, sino en una posible recesión que afecte directamente los empleos e ingresos de quienes dependen de ellas.
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