En México y Centroamérica, la situación de la libertad de expresión se encuentra en una encrucijada crítica. Cada vez más, periodistas y activistas advierten sobre una tendencia alarmante donde la censura no solo se ejecuta mediante violencia física, sino que también se impone a través de un ambiente hostil. Este ambiente hostil se caracteriza por la estigmatización, el descrédito, la presión acumulada, el aislamiento y el exilio de aquellos que se atreven a alzar la voz.
Recientemente, la organización Artículo 19 publicó su informe anual titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, proporcionando un exhaustivo análisis del actual estado de libertad de expresión y el acceso a la información en países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. Durante la presentación del informe, Leopoldo Maldonado, director regional de la ONG, enfatizó que, aunque cada país desarrolla su propia forma de imponer el silencio, existe una clara tendencia regional: un esfuerzo concertado por parte del aparato estatal y poderes fácticos para deslegitimar la crítica y tratar la información como una amenaza que debe ser eliminada.
En este contexto, Maldonado instó a la sociedad a no normalizar la censura ni la violencia contra la prensa. Advertía que, de hacerlo, el silencio podría convertirse en la norma, lo que resultaría en un periodismo incapaz de cumplir su rol fundamental: nombrar, documentar y confrontar la realidad.
Carlos Martínez, periodista de El Faro de El Salvador, quien actualmente vive en el exilio en México, también expresó su preocupación por la desconexión de las sociedades respecto al periodismo, considerándolo ajeno en vez de parte integral de la vida cívica. A su vez, José Carlos Zamora, director regional del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), aseveró que el silencio se ha consolidado como una política de Estado en la región, y que la persecución contra la prensa ha tomado nuevas formas, reflejadas en un manual de represión que combina censura, violencia y vigilancia.
Las cifras son reveladoras. El informe de Artículo 19 señala que los homicidios de periodistas casi se duplicaron en México entre 2024 y 2025. En 2025, se registraron la desaparición de un periodista y siete asesinatos, lo que convierte a México en el país con el mayor número de víctimas en la región. Además, se documentaron 53 ataques físicos contra reporteros, en contraste con los nueve en Guatemala y diez en Honduras.
De acuerdo a los datos recabados, los principales agresores en estos casos incluyen funcionarios públicos en un 31%, seguidos de personas o empresas privadas (21%), fuerzas de seguridad civil (17%) y el crimen organizado (7%). Al cierre de 2025, 67 periodistas y medios de comunicación en México enfrentaron acoso judicial, lo que añade una capa más a la complejidad de la situación.
La lucha por la libertad de expresión en México y Centroamérica refleja un panorama sombrío, pero también resalta la urgencia de respaldar a quienes se atreven a informar y desafiar las narrativas oficiales. En un momento donde la transparencia y el derecho a la información son más importantes que nunca, el compromiso de la sociedad es crucial para rechazar la normalización del miedo y el silencio en el ejercicio del periodismo.
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