Desde el 15 de julio de 2026, Colombia experimentará cambios significativos en su legislación laboral que alterarán la estructura de costos para las empresas. Entre estas reformas, la más notable es la reducción de la jornada laboral máxima de 44 a 42 horas semanales, lo que implicará un aumento de aproximadamente el 4,8% en el costo por hora de trabajo para los empleadores, sin disminuir los salarios de los trabajadores.
Esta modificación se enmarca dentro de la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que busca mejorar las condiciones laborales en el país. Además, los trabajadores recibirán un recargo del 90% por trabajar durante domingos y festivos, un ajuste que seguirá incrementando hasta alcanzar el 100% en 2027. Estas reformas son especialmente desafiantes para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que comprenden más del 90% del tejido empresarial colombiano, según afirman los gremios.
Además del recargo dominical, la jornada nocturna iniciará a las 7:00 p.m., un cambio que también elevará costos adicionales para las empresas, ya que las horas trabajadas durante este periodo estarán sujetas a un recargo del 35%. Con estas nuevas normativas, las tarifas de referencia de las horas ordinarias y extras también han sido actualizadas, lo que tendrá un impacto directo en las liquidaciones salariales.
Para el mes correspondiente a julio, será necesario realizar una liquidación mixta: los primeros 14 días bajo las condiciones anteriores y, a partir del 15, bajo las nuevas tarifas que surgen de la jornada de 42 horas. Este cambio será complicado de gestionar para muchas empresas, que ya enfrentan una presión considerable debido a la inflación y el aumento del salario mínimo.
A esta serie de ajustes normativos se suma la incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, trasladado al lunes 13 de julio, lo que eleva el número total de días festivos en el país a 19, una de las cifras más altas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta adición representa un nuevo desafío en términos de recargos laborales para el sector empresarial, especialmente en los sectores más afectados como el comercial, servicios y logística.
Gremios del sector, como Acopi, han expresado su preocupación, indicando que los cambios podrían resultar en aumentos de costos laborales efectivos entre el 6% y el 12%, dependiendo del tipo de actividad económica y su estructura de turnos. Esto se convierte en un “triple choque” para las mipymes que buscan mantener su productividad en un entorno donde deben asumir mayores responsabilidades fiscales y laborales.
El presidente de Fenalco ha reiterado que las empresas deben prepararse para un nuevo golpe financiero, dado que el 64% de las mismas ha reportado reducciones en su planta de personal este año debido al incremento de los costos laborales, y el 45% se siente poco o nada preparado para afrontar estos cambios.
Frente a esta nueva realidad, las organizaciones están comenzando a implementar diversas estrategias para enfrentar el aumento de costos. Un 25% prioriza la automatización de procesos, un 23% está ajustando precios y un 22% ha optado por reducir personal. Ante este escenario, es crucial que las reformas laborales no solo se implementen de forma efectiva, sino que vayan acompañadas de medidas que fomenten la productividad y la formalización empresarial.
Este marco de cambios laborales, efectivo desde el 15 de julio, obligará a las empresas a replantearse sus operaciones y estrategias en un contexto que ya está marcado por desafíos económicos considerables.
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