México ha enfrentado una alarmante crisis de violencia que afecta a sus más jóvenes ciudadanos. Durante el primer trimestre de 2025, se registraron 209 asesinatos violentos de niñas, niños y adolescentes, una cifra que, aunque representa una disminución del 4.6% en comparación con el año anterior, aún deja mucho que desear en términos de protección y seguridad para esta población vulnerable.
Sin embargo, el panorama se torna preocupante al analizar la situación por entidades federativas. En 12 de las 32 entidades del país, los homicidios dolosos de menores han mostrado una tendencia al alza. Sinaloa, en particular, se destaca con un incremento de 1,300%, registrando 14 casos en este trimestre, frente a solo un caso en el mismo periodo del año anterior. Este dramático aumento resalta la urgencia de abordar las raíces de la violencia en la región.
Otros estados como Puebla y Guerrero también han visto incrementos significativos en los homicidios de menores, con alzas del 600% y 275% respectivamente. Estas cifras no solo alarman, sino que evidencian la necesidad imperiosa de medidas efectivas para salvaguardar la vida de los más jóvenes.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha sido una voz crítica en la denuncia de esta problemática, subrayando la importancia de construir un entorno seguro y protector para las infancias del país. La protección de los derechos de los niños no es solo una responsabilidad legal, sino moral y social.
A medida que se avanza en el año, es crucial que tanto las autoridades como la sociedad civil intensifiquen esfuerzos para mitigar este flagelo. La violencia contra niños y adolescentes es un reflejo de problemas más profundos que merecen atención y acción inmediata. La responsabilidad recae en todos, desde los responsables de la formulación de políticas hasta los ciudadanos comunes, para crear un futuro más seguro y prometedor para las generaciones venideras.
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