Organizaciones sociales han expresado su profunda preocupación por la alarmante crisis de desplazamiento forzado que afecta a Chihuahua, particularmente en la Sierra Tarahumara. De acuerdo con un reciente informe elaborado por la Misión Civil de Observación, integrada por ocho organizaciones, incluidos actores como la Red TDT y Tlachinollan, junto al apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los casos de desplazamiento han experimentado un incremento extraordinario, triplicándose entre 2021 y 2025 debido al avance del crimen organizado en la apropiación de tierras.
El estado de Chihuahua, junto con Michoacán y Sinaloa, concentra una de las mayores cantidades de personas desplazadas en el país. En 2025, se documentaron al menos 4,492 casos de desplazamiento, de los cuales 1,335 provienen únicamente del municipio de Guadalupe y Calvo. A inicios de julio de este año, la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno señaló que se habían registrado cerca de 5,000 atenciones a ciudadanos afectados.
Las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara están viviendo de manera desproporcionada los efectos de esta crisis; están sufriendo la pérdida de su territorio, la disolución de sus prácticas culturales y la desarticulación de sus formas de organización comunitaria. Además, enfrentan una violación de sus vínculos espirituales con la tierra, lo que afecta su identidad y cohesión social.
El informe evidencia no solo la insuficiencia de la respuesta institucional ante esta crisis, sino también la violencia institucional persistingente, la falta de condiciones para un retorno seguro a las comunidades y el acceso limitado a la justicia. La situación se agrava por los múltiples factores que obligan a las personas a abandonar sus hogares, entre los que destaca el contexto del Triángulo Dorado, históricamente relevante para el narcotráfico.
Grupos del crimen organizado han mostrado un interés creciente por ejercer control sobre el territorio serrano y sus recursos, tales como el agua y la madera. Incluso se han levantado sospechas sobre su intención de apoderarse de estas tierras remotas y de difícil acceso, propiciando un entorno propicio para actividades delictivas. Los métodos utilizados van desde ataques dirigidos a líderes comunitarios con la intención de sembrar el terror, hasta agresiones indiscriminadas con armamento pesado y drones cargados de explosivos, creando un clima de miedo y desesperación entre la población civil.
A pesar de que se han presentado 89 denuncias por el delito de desplazamiento forzado interno, solo dos han culminado en sentencias condenatorias. Testimonios recabados durante la misión apuntan que el gobierno del estado ha ejercido presión sobre las personas desplazadas para que retornen a sus comunidades, sin garantizar su seguridad ni durante el traslado ni en su permanencia en el lugar.
El futuro de estas comunidades depende de una respuesta efectiva y humanitaria que atienda sus necesidades urgentes y restaure sus derechos fundamentales. Mientras tanto, la lucha por sobrevivir en un entorno de violencia y desplazamiento continúa en la Sierra Tarahumara, convirtiéndose en un testimonio del desafío que enfrentan numerosas familias en la búsqueda de un hogar seguro y digno.
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