Aumento del IEPS impulsa el contrabando de cigarros en México.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) ha lanzado una alerta crucial sobre el impacto del aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los cigarros en México. Desde el 1 de enero de 2026, la nueva tarifa de este impuesto ha hecho que el precio de las cajetillas de cigarrillos legales superen los 100 pesos, con incrementos que oscilan entre los 15 y 22 pesos. Esta situación ha proporcionado un respiro a las ventas de cigarros de contrabando, cuyo costo puede ser tan bajo como 75 pesos por cajetilla. Según Anpec, actualmente, 3 de cada 10 cigarros vendidos en el país son de origen ilegal.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec, ha expresado su preocupación señalando que esta política fiscal ha alimentado el lucrativo mercado negro, beneficiando a los cárteles que operan en este sector con poco o ningún control. Las ventas informales se han intensificado, siendo visibles en lugares públicos como estaciones del Metro y paraderos de transporte, donde el contrabando se ha vuelto habitual.

Además de afectar el comercio formal y la recaudación fiscal, los cigarros de contrabando presentan un riesgo significativo para la salud pública. Sin los controles de calidad necesarios, estos productos comprometen la salud de los consumidores y, alarmantemente, han facilitado su adquisición por parte de menores de edad. Con la finalidad de combatir esta problemática, el Gobierno mexicano ha implementado reformas al Código Fiscal de la Federación que equiparan la venta o posesión de cigarros ilegales al delito de contrabando.

Sin embargo, esta medida también podría resultar perjudicial para los pequeños comerciantes. Anpec ha advertido que las sanciones por poseer cigarros de procedencia ilegal no solo caen sobre los importadores o fabricantes, sino que alcanzan al pequeño comerciante, quien podría enfrentar penas de hasta nueve años de prisión y multas que podrían llegar al 150% de las contribuciones omitidas, incluyendo el IEPS. Este marco legal exige a los vendedores demostrar la legalidad de los productos que ofrecen.

Frente a esta situación, la Anpec exhorta a los pequeños comerciantes a adquirir productos de distribuidores autorizados y a conservar la documentación que acredite la legalidad de sus existencias. En un entorno donde el contrabando parece florecer, la vigilancia y el cumplimiento normativo se convierten en armas esenciales para resguardar la integridad del comercio formal y, al mismo tiempo, proteger la salud de los consumidores.

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