Sudáfrica se encuentra en medio de una crisis migratoria aguda, marcada por una ola de violencia xenófoba que ha llevado a la repatriación o expulsión de más de 35,000 extranjeros desde el 7 de junio de 2026. Esta situación ha generado un éxodo masivo de migrantes, con miles de personas intentando abandonar el país, de acuerdo con datos de la Autoridad de Gestión de Fronteras.
La presión sobre el gobierno se intensificó cuando grupos antimigración exigieron la salida de todos los indocumentados antes del 30 de junio. Este ultimátum desencadenó marchas en varias ciudades, algunas de las cuales resultaron en saqueos y enfrentamientos, que dejaron al menos cuatro muertos —dos mozambiqueños, un etíope y un malauí— y más de 900 arrestos, según la policía sudafricana.
En la ciudad fronteriza de Musina, la situación es caótica, ya que aproximadamente 11,000 personas aguardaban para completar los trámites de salida, según el medio público SABC. Los retornos se coordinan principalmente a través de Beitbridge, un punto neurálgico donde se cruzan autoridades sudafricanas y zimbabuenses para facilitar el regreso de ciudadanos.
Desde finales de mayo, Malaui ha registrado más de 56,000 retornos, de los cuales 47,252 se produjeron por iniciativa propia y 9,221 con asistencia estatal. Este movimiento no solo refleja la urgencia de regresar a casa, sino que también muestra el sufrimiento de muchos, como Musa Hashimi, un malauí de 32 años que temía por su vida. “Después del 30 de junio, la gente de mi barrio empezó a decir que matarían a todos los extranjeros”, expresó.
En respuesta a la escalada de la violencia, el presidente Cyril Ramaphosa autorizó el despliegue de 3,405 miembros de la Fuerza de Defensa Nacional, lo que representa un coste estimado de 54.6 millones de rands (3.37 millones de dólares). Los grupos-antimigración han prometido continuar con sus marchas semanales, afianzando su presión sobre el gobierno.
Desde una perspectiva gubernamental, el ministro en la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, destacó que los grupos movilizados no pueden “ir puerta por puerta exigiendo documentos de identidad a ciudadanos extranjeros”. A pesar de la condena a los ataques, el gobierno sostiene su derecho a frenar la inmigración irregular.
Acusaciones de que los extranjeros son responsables del desempleo, la escasez de servicios públicos y el incremento de la criminalidad han calado hondo en la sociedad. Sin embargo, expertos en ciencias sociales cuestionan la veracidad de tales afirmaciones, señalando que la población migrante representa cerca del 4% del total, con aproximadamente 3 millones de personas.
La historia reciente de Sudáfrica muestra que este tipo de violencia no es nuevo. En 2008, se registraron disturbios que dejaron más de 60 muertos, y un episodio similar en 2019 resultó en al menos 18 fallecidos. La crisis actual y sus antecedentes revelan la compleja y tensa narrativa de la migración en el país, que sigue siendo un tema de debate esencial frente a la realidad del sufrimiento humano y las luchas por la identidad y la pertenencia.
Esta es una situación en evolución y representa una de las crisis humanitarias más apremiantes en la actualidad.
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