Virginia López ha pisado tres veces La Rambla desde los atentados del 17-A. “Es parte de la terapia”, dice. Camina por el paseo y, cuando llega al mosaico de Joan Miró —el lugar donde paró la furgoneta homicida de Younes Abouyaaqoub— se toma una fotografía mientras cierra el puño como señal de que está fuerte, enérgica: de que sigue viva. La tarde del 17 de agosto de 2017, una amiga escocesa a la que enseñaba las perlas de la arquitectura de Barcelona entró en un quiosco de flores. “Me gritó: ¡Una furgoneta! Iba a girarme pero no tuve tiempo de nada. La furgoneta chocó contra el quiosco. Un ruido como una bomba, horrible. Me quedé bloqueada. Luego salimos corriendo”.
Virginia, 45 años, figura como víctima número 131 en la sentencia de la Audiencia Nacional que ha condenado a los tres procesados por los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos y centenares de heridos. Sobre las víctimas, es una resolución sin precedentes, coinciden asociaciones y abogados que han participado en las grandes causas por terrorismo en España. El tribunal afirma que han sido las “grandes olvidadas” en esta historia y reprocha a los investigadores su labor deficiente: no fueron sistemáticos, lo que impidió conocer el “verdadero número” de heridos; no dieron a todos los afectados la oportunidad de personarse en el procedimiento; no fueron exhaustivos con los informes forenses sobre las lesiones.
De ese olvido colectivo —reforzado por el hecho de que muchas víctimas del 17-A fueron turistas extranjeros— se siente parte Virginia. “Lo han hecho fatal. Hemos vivido un atentado, debe haber reparación y reconocimiento”, sostiene con la voz entrecortada: cada nuevo capítulo del 17-A (ahora, la sentencia) le hace volar mentalmente a aquella soleada tarde de verano de hace cuatro años.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
