La reciente reunión de la nueva mesa directiva de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) ha planteado un objetivo claro: la seguridad pública en los municipios, considerada como la “prioridad de prioridades” por el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González. En un contexto de creciente violencia, esta red, que agrupa a 23 alcaldesas y alcaldes de las principales capitales del país, reafirma su compromiso por garantizar el desarrollo social y la paz en las ciudades.
Durante la XVI Sesión Plenaria, llevada a cabo en la Ciudad de México, los ediles coincidieron en la importancia de la paz social como condición fundamental para asegurar inversión y bienestar. Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, subrayó la posición estratégica de los alcaldes “en la línea frontal de la lucha por el mejoramiento de la seguridad”. Este enfoque encuentra respaldo en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien recibió el apoyo explícito de la ACCM.
En su intervención, los presidentes municipales abordaron un desafío metropolitano significativo: las ciudades capitales no solo albergan a una alta densidad poblacional, sino que también son generadoras de una porción considerable del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Esto plantea una enorme presión sobre sus servicios públicos, que deben atender tanto a residentes permanentes como a la población que interactúa diariamente en el área conurbada. Un ejemplo ilustrativo es el de Oaxaca de Juárez, donde, aunque solo 275,000 personas viven permanentemente, la población que interactúa con la ciudad asciende a 1.1 millones.
Un aspecto crucial que se discutió fue la dependencia financiera de los municipios. Aproximadamente, el 78% del financiamiento de estos gobiernos proviene de recursos federales y estatales, dejando solo un 22% de ingresos propios. Esta estructura genera una vulnerabilidad significativa ante posibles recortes en las transferencias y afecta su capacidad de operación y prestación de servicios. Marco Antonio Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua, destacó la necesidad de diversificar los ingresos, mencionando que su municipio ha alcanzado un equilibrio del 50% en su dependencia de recursos propios y del gobierno federal y estatal. Este balance les ha permitido mayor autonomía para decidir sobre sus inversiones y estrategias financieras.
La dedicación de recursos a la seguridad pública es otra preocupación importante; en el caso de Chihuahua, un 25% del presupuesto total se destina a esta área, lo que se traduce en alrededor de 1,800 millones de pesos anuales.
A medida que los desafíos en materia de seguridad y administración local se intensifican, la ACCM se posiciona como una plataforma clave para el intercambio de experiencias y la colaboración entre las capitales, reafirmando la relevancia de la coordinación intergubernamental como herramienta esencial para la recuperación de la tranquilidad en las familias mexicanas. En un entorno donde la seguridad no puede ser objeto de negociación, la visión de desarrollo social a través de la cooperación se convierte en un imperativo ineludible para enfrentar los retos del presente y del futuro.
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